La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) registró, en Piura, US$ 67 millones solo en posibles delitos relacionados contra la administración pública (corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito) en los últimos diez años. En la lista también figura la minería ilegal, entre otros.
«En el 2018, los delitos que podrían ser contra la administración pública encabeza la lista con 6.000 millones de dólares; 11 millones en 2019 y un acumulado de 67 millones en los últimos diez años», informó Denis Romaní Seminario, analista de la SBS.
Para Romaní, de esos «posibles delitos», también se encuentran la minería ilegal que «es uno de los más importantes en millones de dólares».
En la lista siguen el tráfico de drogas, delitos contra el patrimonio, proxenetismo, etc.
Reportes de Operaciones Sospechosas
Según el funcionario, «Piura es uno de lo que más reporta a comparación de otros lugares». En ese sentido, aclaró que en la región existen 1026 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) desde 2010 a 2019.
Ante ello, el analista principal de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú explicó que «no necesariamente son cosas ilícitas (porque) son operaciones que no tienen sustento aparente».
Además, detalló que quienes más reportan operaciones sospechosas en Piura son bancos, cajas municipales, casinos y tragamonedas; además de los rubros comercialización de maquinarias y compraventa de vehículos».
En este último punto manifestó que existe una ligera variación, en comparación a Lima y otras ciudades, porque «los problemas de informalidad económica no son los mismos en cada lugar del país».
A nivel nacional
«Estamos cerca de los 15 mil millones (de dólares) en 728 Informes de Inteligencia Financiera que vamos emitiendo desde 2010 al 2019», sostuvo Romani Seminario.
Romani aseveró que la minería ilegal es el posible delito vinculado más fuerte a nivel nacional -en nueve años- con casi US$ 6.000.000 millones; luego le siguen el tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito, fraudes tributarios, entre otros.
Para el funcionario, este 2019 se han reportado muchos casos sobre corrupción de funcionarios y «parece que se va a llevar el récord; en un año ya vamos 55 casos con 2,280 millones de dólares. No es poca cosa», sostuvo.
Por último, Romani recalcó que la SBS no actúa de manera judicial y penal ante los casos que investiga. La Superintendencia solo realiza un «trabajo de gabinete», mas no de campo; sin embargo, sí puede brindar información al Ministerio Público.
