Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Lo hizo mediante una carta dirigida a María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tal como lo informó Andina y confirmó RPP el 21 de abril.
“Me dirijo a usted, a fin de comunicar mi decisión de renunciar al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, responsabilidad que ejerzo desde el 31 de agosto del 2020”, indica el documento.
En su misiva, Corvetto explica que “luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana durante la jornada electoral y estando a finalizar el procesamiento de actos, considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada”.
“He cumplido con integridad mi función, me preparé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas, pero los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo”, señala. Asimismo, indica que pueden buscarse respuestas a la competencia interna de la organización y que quedan interrogantes “vía una investigación imparcial y exhaustiva”.
El origen de la crisis
La renuncia se produce en medio de un fuerte cuestionamiento por el caos registrado durante las elecciones del 12 de abril.
La distribución del material electoral colapsó en varios distritos del sur de Lima, lo que impidió que 52,000 electores pudieran sufragar en el horario previsto y obligó a extender la jornada hasta el día siguiente.
A ello se sumaron denuncias de pérdida de material electoral y la aparición de cajas con cédulas de sufragio abandonadas en la vía pública.
Las investigaciones alcanzaron también a la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE, cuyo titular fue detenido y presentó su renuncia.
La presión política y las investigaciones paralelas
La presión sobre Corvetto había escalado rápidamente. Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, exigió su renuncia en múltiples ocasiones para garantizar la transparencia de la segunda vuelta. La candidata sostuvo que “sería saludable que esta persona sea retirada”.
El caso derivó en una investigación preliminar abierta por la propia JNJ, que otorgó a Corvetto un plazo de 10 días para presentar sus descargos.
En paralelo, la Fiscalía de la Nación inició investigaciones de oficio por el presunto delito de colusión.
La Junta Nacional de Justicia, a través de un comunicado oficial firmado por su presidenta, descartó en días previos las versiones que vinculaban a José Pérez Duarte, actual director del JNE, como posible sucesor de Corvetto.
“La presidenta de la Junta Nacional de Justicia no se ha reunido ni ha tomado contacto, de manera directa o indirecta, con el referido ciudadano, a quien además no conoce”, afirmó la JNJ.
El debate legal sobre la renuncia en medio del proceso electoral
El artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE establece que el cargo de jefe del organismo es irrenunciable durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular, salvo impedimento debidamente fundamentado.
Ante la pregunta de si la situación es aplicable a un proceso de segunda vuelta, el abogado penalista Andy Carrión sostuvo que “Corvetto no puede ser destituido de manera exprés por la JNJ, ya que un proceso de esa envergadura tiene varios pasos antes de ser viable”.
En tanto, los constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina señalaron a El Comercio que, pese a la restricción normativa, lo correcto sería que renuncie “por decoro” para no manchar más el proceso.
El futuro de la ONPE y la segunda vuelta
Con la renuncia presentada, la JNJ deberá decidir si la acepta o si la investigación disciplinaria sigue su curso.
El especialista en derecho electoral José Tello señaló que “la ONPE podría funcionar correctamente sin la jefatura de Piero Corvetto, lo que llevaría a que el personal de planta gestione la segunda vuelta electoral”.
La entidad se enfrenta ahora a la organización del balotaje del 7 de junio en un contexto de máxima tensión política y con una credibilidad institucional seriamente dañada.