Machu Picchu, Kuélap y otros sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco quedarán excluidos de los nuevos mecanismos de participación privada que impulsa el Gobierno para la gestión de bienes culturales públicos.
Así lo establece el proyecto de reglamento del Decreto Legislativo N° 1699, publicado por el Ministerio de Cultura para recibir comentarios de la ciudadanía.
La propuesta busca atraer inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) para financiar la conservación, restauración y operación de servicios vinculados al patrimonio cultural. Sin embargo, el Estado mantendrá la propiedad, la protección y la supervisión de los bienes culturales involucrados.
Más de 31,000 bienes culturales y recursos limitados
Según la exposición de motivos del Ministerio de Cultura, el Perú enfrenta una brecha importante para conservar y poner en valor su patrimonio cultural.
El documento señala que el país cuenta con más de 31,000 bienes culturales públicos, mientras que los recursos disponibles resultan insuficientes para atender las necesidades de conservación e intervención.
Durante 2024, el presupuesto del sector Cultura ascendió a S/737.9 millones, de los cuales solo S/190.4 millones fueron destinados a inversiones. Esto equivale a cerca del 25% del presupuesto total.
Ante este escenario, el Ejecutivo plantea incorporar capital privado como complemento a la gestión pública para acelerar proyectos de recuperación patrimonial y mejorar los servicios culturales.
¿Cómo funcionará la participación privada?
El reglamento establece dos mecanismos principales.
Las APP podrán utilizarse para proyectos que requieran operación, mantenimiento o prestación continua de servicios culturales. Bajo este esquema, una empresa podría participar en la restauración o administración operativa de un museo o monumento, siempre bajo supervisión estatal.
Por otro lado, los Proyectos en Activos estarán orientados al aprovechamiento compatible de espacios vinculados al patrimonio cultural. Por ejemplo, podrían desarrollarse servicios complementarios como cafeterías, centros de interpretación o actividades culturales, sin transferir la propiedad del bien.
El Ministerio de Cultura precisa que ninguna de estas modalidades permitirá la venta o privatización de los bienes culturales.
Machu Picchu y Kuélap quedan excluidos
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que excluye expresamente a los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.
De esta manera, sitios emblemáticos como Machu Picchu y Kuélap no podrán ser administrados mediante APP, Proyectos en Activos ni convenios de gestión privada.
La restricción busca garantizar que los bienes con reconocimiento internacional mantengan un régimen especial de protección y conservación bajo control directo del Estado.
Consulta pública abierta
El proyecto de reglamento fue publicado mediante la Resolución Ministerial N° 188-2026-MC y permanecerá en consulta pública durante 15 días calendario.
Tras evaluar los aportes recibidos, el Ministerio de Cultura podrá aprobar la versión definitiva de la norma, que definirá las reglas para la participación privada en bienes culturales públicos que no cuenten con protección de Patrimonio Mundial.
Para el Ejecutivo, el objetivo es transformar la gestión patrimonial en un proceso continuo y sostenible, incorporando inversión privada sin modificar el régimen de protección de los bienes culturales.