El congresista Wilson Rusbel Quispe, miembro de la bancada de Perú Libre, presentó el Proyecto de Ley N° 2374/2021-CR, el cual propone medidas para la compra y reprogramación de deudas por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
La norma pretende incluir a personas naturales y mypes que mantengan deudas que se tomaron para hacer frente a la cuarentena y estado de emergencia a raíz de la Covid-19, que no hayan sido beneficiadas por algún otro programa de rescate económico.
De esta manera, la medida sugiere que la compra y reprogramación de deudas incluya las obligaciones crediticias con las Empresas del Sistema Financiero (ESF), siempre que, al 29 de febrero de 2020, los beneficiarios registren, según lo indicado en la Resolución 11356-2008-SBS, una calificación de riesgo normal o con problema potencial.
En línea con lo anterior, de aprobarse la norma, podrán acceder a ella aquellas personas que cuenten con créditos con garantía hipotecaria (vivienda, Mivivienda, comerciales y personales con garantía hipotecaria, entre otros) hasta por S/ 700 mil. También lo harían personas que tengan créditos personales, tarjeta de crédito, consumo, vehiculares y mype hasta S/ 120 mil.
No podrán acogerse al beneficio quienes ya participen o hayan participado de los programas Reactiva Perú, FAE-MYPE, FAE-TURISMO, FAE-AGRO, Programa Garantías Covid-19, entre otros programas del Estado.
Vuelta a la carga
En octubre de 2021, la congresista Margot Palacios, también perteneciente a la bancada de Perú Libre, presentó el Proyecto de Ley N° 457/2021-CR que estipulaba la compra y reprogramación de deudas, con una tasa de interés mínima de 1.4% anual, y que estaba orientada a favor de personas naturales y mypes.
Esta medida sugería casi los mismos beneficios y requisitos que el PL presentado por Wilson Quispe. La única diferencia radica en que se podían financiar los créditos personales, tarjetas, consumo, vehiculares y mypes hasta por S/ 300 mil.
Además según las declaraciones de la congresista Palacios, la medida iba a beneficiar alrededor de 3.7 millones de usuarios financieros. Ahora, según Quispe, la norma beneficiaria aproximadamente a 7 millones de personas.
Efectos contraproducentes
Tal y como lo manifestaron varios especialistas el año pasado, esta nueva propuesta legislativa es inconveniente para los intereses de la institucionalidad del BCRP y podría repercutir negativamente en la economía nacional.
En primer lugar, se estaría forzando al BCRP a realizar una función para la cual no está diseñado pues la política monetaria no puede dedicarse a fines específicos, sino que trata de abarcar a la economía en su conjunto.
Por lo tanto, lo que se pretende implementar contraviene a la naturaleza de la política monetaria y podría debilitar la confianza de la entidad autónoma.
Asimismo, si se obliga BCRP a comprar deuda de personas naturales o mypes, se estaría inyectando liquidez a la economía cuando ahora lo que desea es tratar de enfriar la economía a través de la subidas de tasas de interés para reducir las presiones inflacionarias.
Finalmente, de poner en marcha esta medida, las expectativas de inflación probablemente se deterioren si los agentes económicos ven que ahora hay mayor dinero en la economía. Esto podría generar un aumento en la inflación perjudicando a los mas vulnerables y haciéndole la tarea mucho más compleja al BCRP de llevar la inflación al rango meta.
