Llegó el dinero para la compra de alimentos. ¿Podrán comprar los municipios con eficacia? ¿Podrán entregar a tiempo?
Mediante DU N° 033-2020, del 27 de marzo, el gobierno central autorizó la transferencia S/ 213 millones 650 mil a los gobiernos locales.
Este dinero servirá para la compra y distribución de productos de primera necesidad, como parte de las medidas para reducir el impacto económico por el coronavirus.
«Este dinero que brinda el gobierno es para que llegue a los que más lo necesitan», señaló el presidente Martín Vizcarra en una de sus últimas conferencias de prensa.
En Piura, las municipalidades provinciales y distritales recibirán S/ 12 millones 500 mil, que deben utilizar para entregar alimentos a los hogares con bajos ingresos y que se mantienen con actividades independientes.
La norma publicada en El Peruano recomienda que las canastas de víveres se entreguen en la misma vivienda de las familias beneficiarias.
En el mismo DU se exige que, como medida de transparencia, los gobiernos locales deben publicar, en su página web o en un lugar visible, la relación de personas que recibieron los productos.
Esta publicación debe realizarse en un plazo máximo de 15 días calendario luego de culminada la Emergencia Sanitaria.
¿Comprarán bien?
«Esta medida genera una gran oportunidad para dinamizar la economía local, a partir de comprar a los pequeños productores y productoras o comerciantes de sus localidades», afirmó Henry García, director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), institución que trabaja en zonas rurales de Piura hace 45 años.
García Sarca agregó que la entrega de estos recursos «supone un reto para el establecimiento de criterios que permitan definir las familias que recibirán los productos y evitar duplicidades con otras medidas como la del bono de S/ 380».
También supone, añadió el experto, «ir más allá de la información que provee el SISFOH, se trata de identificar a las familias que paran la olla en el día a día y debido a las restricciones establecidas han reducido sus posibilidades de hacerlo».
Víctor Palacios, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, afirmó que se teme que «las compras directas de los productos de primera necesidad genere corrupción en los municipios».
«Supone un reto para la vigilancia ciudadana pues existen riesgos como el manejo político de la ayuda», afirmó en una radio local.
Nos plantea también un ejercicio de responsabilidad y solidaridad con quienes menos tienen, permitiendo y exigiendo que quienes reciban los productos sean los que realmente lo necesitan.
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