El 62.1% de los proyectos de inversión pública a cargo de gobiernos regionales y municipalidades está paralizado o abandonado, según el Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026 del Instituto Peruano de Economía (IPE). En 22 de las 25 regiones, más de la mitad de las obras se encuentra en esa situación.
El dato importa porque la corrupción y la inconducta funcional le costaron al país S/ 24 mil millones, de acuerdo con una estimación de la Contraloría General de la República de 2023 citada por el IPE.
Tumbes y Lima (que incluye Lima Metropolitana y el Callao) registran la mayor proporción de proyectos paralizados, con 72.4% cada una. En el otro extremo están Tacna (43.3%) y Moquegua (44.5%).
Según Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y presidente de Hágase Instituto, la paralización responde principalmente a la baja eficiencia en la gestión y a una fiscalización inadecuada, que va de la mano con la corrupción.
Compras sin competencia
El segundo foco de riesgo está en las contrataciones. A nivel nacional, el 35.1% de los procesos se adjudica a la única empresa que presentó oferta, y en 12 regiones esa proporción supera el 40%.
Tumbes (61.7%) y Loreto (53.3%) encabezan este indicador, frente al 14.2% de Apurímac, la región con mejor desempeño. Según el IPE, la ausencia reiterada de competidores puede sugerir requisitos hechos a la medida de un proveedor.
A ello se suma que el 24.9% de las compras son menores a 8 UIT y no pasan por concurso público, proporción que llega a 62.1% en Moquegua y 53.1% en Madre de Dios.
La «fiebre de diciembre»
Las regiones gastan en diciembre, en promedio, el doble de lo que les correspondería con una ejecución uniforme. Si el presupuesto se distribuyera por igual, cada mes representaría el 8.3% del gasto anual, pero en diciembre el promedio nacional llega a 16.7%.
En Huánuco la cifra alcanza 25.4% y en Huancavelica, 23.9%. El IPE asocia esta concentración con compras apresuradas y menor calidad de planificación.
La raíz, según el instituto, está en el incentivo de «usar o perder» el presupuesto. El IPE señaló que en Suecia y los Países Bajos habilitar el traspaso de saldos no ejecutados mejoró el valor obtenido por el gasto, mientras que en Chile atar incentivos a metas de gasto no cambió el resultado.
Desconfianza que posterga inversiones
El costo no se limita al presupuesto público. Apenas el 18% de los adultos aprueba la gestión de su gobierno regional, y solo el 8% de los peruanos confía en el gobierno, según Latinobarómetro 2025.
José Carlos Chávez, exviceministro de Hacienda, advirtió que la percepción modifica conductas. Cuando la confianza es baja, se genera incertidumbre y se postergan decisiones de inversión.
Integridad y competitividad
El IPE cruzó el IRIS con su Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026. Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco y Lima combinan riesgos medios o bajos con competitividad relativamente alta, mientras que Tumbes, Huancavelica, Ayacucho y Huánuco reúnen mayor riesgo y menor competitividad. Tumbes cayó del puesto 8 en 2019 al 16 en 2026 del INCORE.
La integridad, sin embargo, no basta por sí sola. Loreto, Ucayali, San Martín, Cajamarca, Puno y Piura tienen riesgos medios o bajos, pero siguen entre las últimas posiciones en competitividad. En esos casos, el IPE indicó que se requiere además un entorno favorable a la inversión privada y mejoras en capital humano, infraestructura y seguridad ciudadana.
¿Qué propone el IPE?
Con las Elecciones Regionales y Municipales de octubre en el horizonte, el instituto planteó terminar o reformular las obras paralizadas antes de aprobar proyectos nuevos, como ya exigen las Leyes N.° 31589 y N.° 32454.
Según el IPE, falta hacer efectivas las fichas que registren la causa de la paralización, el costo comprometido y el responsable de destrabar cada obra. También recomendó revisar de forma periódica las contrataciones directas y con un solo postor, y adelantar al primer semestre los actos preparatorios de los procesos grandes.
En el plano nacional, propuso evaluar la aplicación de la Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N.° 32069), vigente desde abril de 2025, en entidades con capacidades desiguales, y contar con sistemas de control que sancionen sin paralizar las decisiones técnicas de los funcionarios.