Hoy el Pleno del JNE emitió un comunicado sobre los Proyectos de Ley 3889/2022-CR, 3952/2022-CR y 3961/2022-CR que propuso el congreso. Dichos proyectos se hicieron con la intención de «modernizar y fortalecer el sistema electoral». Y se le pedía que reduzca de 5 a 3 el numero de integrantes de la Sala Electoral Suprema, así como eliminar el pleno actual y establecer 60 jurados permanentes.
¿Qué dijo el Jurado Nacional de Elecciones?
El JNE ha expresado su oposición a la propuesta de aumentar a 7 el número de miembros del Tribunal Supremo Electoral. Los cinco actuales miembros tienen mandatos en vigor, por lo que cualquier cambio en su composición sería una injerencia arbitraria e inconstitucional.
Además, el JNE argumenta que establecer dos salas con solo tres miembros no garantizaría una adecuada administración de justicia electoral. Esto no solo restringiría el debate, sino que podría paralizar los procesos jurisdiccionales electorales.
Además, la dinámica y rapidez de los procesos electorales hacen inviable la creación de salas electorales, ya que podrían generar conflictos y afectar la seguridad jurídica.
La Constitución y los proyectos de ley N.° 3889/2022-CR, N.° 3952/2022-CR y N.° 3961/2022-CR establecen que el órgano jurisdiccional supremo del JNE es el Pleno. Por lo tanto, no hay lugar para otros órganos con competencias similares.
La idea de que el presidente del JNE, elegido por la Corte Suprema, pueda ser removido o tenga su mandato finalizado, no tiene motivos sólidos. Además, el aumento de representantes a tres, como se plantea en los proyectos de ley, crearía un desequilibrio en la composición plural y democrática del Pleno.
En un Estado Constitucional de Derecho, nadie puede interferir en el funcionamiento del JNE y alterar las garantías establecidas por la Constitución.
¿Que dijo sobre la implementación de Jurados Electorales Descentralizados?
Sobre este tema, señaló que debe ser analizado con suficiencia y serenidad. La toma de decisiones en un contexto inadecuado y sin tener en cuenta la composición y logística necesarias puede complicar los procesos.
El impacto económico de la propuesta no ha sido suficientemente evaluado, incluyendo remuneraciones para los magistrados, personal, locales y logística.
