Ninguna de las 25 regiones del Perú se ubica en el nivel de riesgo bajo de corrupción y mal uso de los recursos públicos, según el Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026, que presentó el Instituto Peruano de Economía (IPE). Tumbes es la única región en riesgo muy alto, con un puntaje de 3.70 sobre 10.
El deterioro es generalizado. El puntaje de 22 de las 25 regiones retrocedió entre 2019 y 2026, y las regiones en los niveles de riesgo alto o muy alto pasaron de 3 a 10 en ese periodo. El puntaje promedio nacional se ubicó en 5.4.
El índice agrupa 14 indicadores en dos pilares. El primero, Gestión Pública y Eficiencia Administrativa, evalúa las prácticas de contratación que abren espacio al mal uso del dinero público. El segundo, Desempeño Institucional y Control de la Corrupción, mide la confianza ciudadana en sus autoridades y la capacidad del Estado para detectar y sancionar la corrupción. A menor puntaje, mayor riesgo.
¿Cómo quedaron las regiones?
En el nivel de riesgo medio-bajo, el mejor alcanzado este año, se ubicaron seis regiones, Tacna, Moquegua, Piura, Cusco, Loreto y Arequipa. Otras nueve están en riesgo medio-alto y nueve en riesgo alto, entre ellas Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica y Junín.
Tumbes quedó en el último lugar en 5 de los 14 indicadores. En esa región, el 43.6% de las contrataciones son directas, el 61.7% de las adjudicaciones se otorga a un solo postor y el 72.4% de los proyectos de inversión está paralizado o abandonado. Además, registra la menor aprobación ciudadana del país, con 4.8% para su gobierno regional y 6.5% para sus gobiernos locales.
Su caída fue también la más pronunciada. Tumbes perdió 2 puntos frente a 2019, mientras que Tacna, la región que más avanzó, ganó 0.5 puntos. Solo Tacna, Pasco y Puno mejoraron respecto de 2019.
Un deterioro que viene desde 2019
Las regiones en los dos niveles de menor riesgo (bajo y medio-bajo) se redujeron de 15 a 6 entre 2019 y 2026. Según el IPE, el retroceso responde sobre todo al pilar institucional.
La tasa nacional de denuncias por corrupción se duplicó, de 5.2 a 10.9 por cada mil trabajadores públicos. En paralelo, la proporción de expedientes judiciales penales resueltos cada año bajó de 49.4% a 41.0% de la carga judicial.
Las denuncias aumentaron en 24 de las 25 regiones y las sentencias condenatorias por corrupción subieron en 22. Ucayali (21.5 por cada mil trabajadores públicos) y Áncash (19.2) registraron las tasas de denuncia más altas, mientras que Ayacucho (12.6) y Madre de Dios (12.4) lideraron en sentencias.
La brecha entre pilares es amplia. En gestión pública, solo Tumbes está en riesgo alto o muy alto, con un promedio nacional de 6.4. En el pilar institucional son 12 regiones, y el promedio cae a 4.3.
La confianza ciudadana, en mínimos
Apenas el 18% de los adultos aprueba la gestión de su gobierno regional y el 31.3% la de su municipalidad. Diez de las 25 regiones no alcanzan el 15% de aprobación de su gobierno regional, y en 12 la aprobación de los gobiernos locales cayó frente a 2019.
Loreto registró la mayor aprobación en ambos niveles, con 35.7% para su gobierno regional y 47.7% para los locales.
Lo que heredan las nuevas autoridades
El IRIS llega a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales de octubre, en las que se elegirán más de 13 mil autoridades. El IPE recomendó culminar o reformular las obras paralizadas antes de aprobar proyectos nuevos, revisar de forma periódica las contrataciones directas y los procesos con un solo postor, y priorizar la inversión en brechas de servicios básicos.
También planteó contar con un sistema de control que sancione sin paralizar las decisiones técnicas de los funcionarios. En la presentación participaron Martín Valencia, gerente de estudios económicos del IPE; Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y presidente de Hágase Instituto; y José Carlos Chávez, exviceministro de Hacienda.