El próximo gobierno recibirá una economía con dinamismo significativo, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Durante 2025, la inversión privada se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento, al registrar una expansión de dos dígitos por primera vez en catorce años, excluyendo el rebote postpandemia.
Este dinamismo impulsó uno de los mayores avances del empleo formal privado en más de una década y un aumento de los ingresos.
Según cálculos del IPE, la pobreza se reduciría en dos puntos porcentuales y cerraría el 2025 en alrededor de 25%.
El desempeño se da en un contexto internacional favorable. En 2025, los términos de intercambio alcanzaron su nivel más alto desde 1950, impulsados por el incremento en los precios de minerales como oro y cobre. El BCRP prevé que los términos de intercambio alcancen un nuevo máximo en 2026.
Reformas pendientes
La siguiente administración también recibirá un país con reformas estructurales pendientes. El mercado laboral y la seguridad ciudadana concentran dos de los principales desafíos.
El empleo juvenil (menores de 29 años) se ubica 14.5% por debajo del nivel prepandemia, y tres de cada cinco jóvenes trabajan en condiciones informales. En seguridad, las denuncias por extorsión se multiplicaron por diez, marcado por el avance de las economías ilegales y redes criminales.
Propuestas riesgosas
El IPE advierte que entre los partidos que lideran la intención de voto se encuentran propuestas que afectan los pilares clave para la competitividad y el desarrollo del país.
Obras y Juntos por el Perú (JPP) se muestran a favor de convocar una Asamblea Constituyente, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas de juego.
Además, JPP y Ahora Nación se han pronunciado en contra de la reestructuración de Petroperú, pese a que un nuevo salvataje por alrededor de S/6,800 millones elevaría el costo acumulado desde 2013 a más de S/32,000 millones.
También existen propuestas riesgosas para la estabilidad monetaria y la autonomía del BCR. Los candidatos de Obras, JPP y Ahora Nación han cuestionado la autonomía del banco central y el marco constitucional que prohíbe explícitamente que la entidad financie al Estado.
El plan de gobierno de Renovación Popular indica que buscará un tipo de cambio favorable para la exportación, lo que involucraría el retorno a tipos de cambio diferenciados o presiones para una intervención del BCR cada vez que el tipo de cambio baje.
Deterioro fiscal
El Perú aún se ubica en una posición fiscal relativamente sólida frente a la región, con niveles de déficit y deuda pública moderados.
Sin embargo, esta fortaleza se ha venido erosionando. El Consejo Fiscal ha advertido que la acumulación de iniciativas con impacto fiscal adverso elevaría la deuda pública del país hacia 70% del PBI en 2036 (32% en 2025).
Todos los planes de gobierno de los partidos que lideran las encuestas omiten propuestas claras para corregir estos desequilibrios o los profundizan.
Preocupan las propuestas populistas de elevar la carga tributaria sobre sectores ya formales, como las que proponen JPP y Buen Gobierno, que solo restarán competitividad al sector formal.
Columna de opinión institucional
Carlos Gallardo Torres, gerente general del IPE, advierte en una columna: “¿Vamos a desperdiciar todo eso? Con candidatos que le tienen tirria a la inversión privada, hablan de nacionalizar recursos estratégicos, renegociar contratos, y resienten los intentos de reformar Petroperú.
Con candidatos que proponen que el Banco Central se dedique a comprar el oro obtenido de manera ilegal. Con candidatos que buscan repetir modelos fracasados de planificación estatal y convocar a una asamblea constituyente”.
El IPE concluye que los partidos con propuestas más graves en este sentido y que aparecen en el tramo final son Obras y Juntos por el Perú. “La prosperidad de los peruanos no merece ser esquiva durante cinco años más”, sentencia.