El Poder Ejecutivo tiene capacidad real de hacer daño a la economía y al bienestar de los ciudadanos sin necesidad de mayoría en el Congreso. Esa es la tesis central del nuevo informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), titulado «El mito del Ejecutivo que no hace daño», publicado en mayo de 2026, a días de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
El documento recorre diez ámbitos de decisión exclusiva del Ejecutivo y los ilustra con hechos concretos de los últimos cinco años de gestión en el Perú. Su mensaje de fondo es electoral: elegir un presidente que no haga daño es tan importante como elegir uno que haga el bien.
Presupuesto y sostenibilidad fiscal
El Ejecutivo define el presupuesto, propone el endeudamiento del país y es el principal responsable de preservar la sostenibilidad fiscal.
Entre agosto de 2021 y diciembre de 2022, se publicaron 42 leyes con impacto fiscal sin que el Ejecutivo presentara ninguna demanda de inconstitucionalidad. En paralelo, los aportes del Estado a Petroperú —mediante capitalizaciones, préstamos y garantías— sumaron S/18,000 millones entre 2022 y 2024.
Al mismo tiempo, el proyecto de presupuesto de 2023 asignó 25% menos recursos —ajustado por inflación— a la reducción de delitos, tráfico de drogas y minería ilegal que en 2019. El subsidio al GLP envasado y al diésel BX en 2022 costó más de S/3,250 millones.
Seguridad ciudadana: siete ministros del Interior en un gobierno
El Ejecutivo define las prioridades operativas de la Policía y el Ejército, y encabeza la política de inteligencia y prevención del delito.
Durante el gobierno de Pedro Castillo se nombraron 7 ministros del Interior con una permanencia promedio de 2.3 meses. En paralelo, el gobierno de Boluarte dejó sin efecto en 2024 el equipo policial que apoyaba al equipo especial de fiscales contra la corrupción, alegando duplicidad de funciones con la Diviac.
El IPE también advierte que las declaratorias de estado de emergencia —usadas como estrategia de seguridad— tienen efectos limitados y desplazan la criminalidad hacia zonas cercanas sin resolverla.
Empleo: RMV, tercerización y negociación colectiva
El Ejecutivo fija la remuneración mínima vital, regula la tercerización y establece las reglas de negociación colectiva y sindicalización.
El gobierno de Castillo subió la RMV de S/930 a S/1,025 en mayo de 2022, y el de Boluarte la elevó a S/1,130 desde enero de 2025. Castillo también restringió la tercerización de actividades del núcleo del negocio, lo que elevó la incertidumbre jurídica, los costos y la litigiosidad, según el IPE.
Política social: un bono de S/5,000 millones sin focalización
El Ejecutivo diseña la estrategia contra la pobreza y decide sobre programas como Juntos, Pensión 65 y Qali Warma.
El IPE señala que, pese a que la pobreza urbana sigue por encima de los niveles de 2019 y el déficit calórico afecta al 36.6% de la población, no se crearon medidas integrales para atenderlos. El Bono Yanapay de 2021, entregado a más de 13.5 millones de personas, tuvo un costo superior a S/5,000 millones sin criterios adecuados de focalización.
Qali Warma fue reemplazada por Wasi Mikuna en 2024 y luego extinguida meses después, trasladando el servicio a un nuevo programa de alimentación escolar que mantuvo las mismas fallas de atención.
Salud y educación: seis aumentos docentes y solo 3 de cada 10 alumnos aprenden
Entre 2021 y 2026 se aprobaron seis incrementos remunerativos docentes, pero en 2024 solo 3 de cada 10 alumnos alcanzaron nivel satisfactorio en matemática o lectura.
La cobertura de becas cayó de 38,000 beneficiarios en 2021 a 19,000 en 2024. En 2025 subió a 30,000, pero en 2026 la Beca Generación del Bicentenario fue suspendida por falta de presupuesto, afectando a más de 300 postulantes ya admitidos.
En salud, EsSalud dejó de renovar contratos UBAP sin un análisis público sobre la conveniencia del cambio, y persisten graves déficits de infraestructura y equipamiento. En anemia, se aprobó un plan multisectorial en 2024 pero no se alcanzó la meta prevista: 16 regiones aún superan el promedio nacional.
Servicio civil: 78 ministros en 495 días
El Ejecutivo nombra ministros, jefes de organismos y directores de empresas del Estado. Si esos nombramientos son débiles o politizados, paralizan las organizaciones y abren espacios a la corrupción.
Castillo nombró 78 ministros en 495 días, equivalente a un cambio ministerial cada seis días. Boluarte designó 66 ministros entre diciembre de 2022 y mayo de 2025.
La inestabilidad alcanzó a entidades clave: EsSalud tuvo 10 presidentes ejecutivos entre 2021 y 2026; Petroperú acumuló 13 presidentes y 13 gerentes generales en el mismo periodo. En Indecopi, el gobierno de Castillo nombró a Julián Palacín pese a críticas sobre su perfil; en 2023 se anunció su salida por no cumplir los requisitos mínimos del cargo.
Inversión privada frenada por el Senace
El Ejecutivo aprueba los estándares ambientales y gestiona la conflictividad social vinculada a los proyectos de inversión.
Los plazos de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en el Senace tardan hasta cinco veces los plazos legales establecidos, principalmente por retrasos en opiniones vinculantes de entidades sectoriales, especialmente la ANA. Pese a ello, el presupuesto del Senace no supera los S/60 millones y fue recortado en 2026, cuando la entidad evalúa una cartera de más de US$64,000 millones solo en minería.
Política tributaria: seis superintendentes de Sunat en cinco años
El MEF designó 6 superintendentes de Sunat entre 2021 y 2026, tres veces más que en quinquenios anteriores. El IPE señala que esa rotación debilita la capacidad institucional del organismo.
La exoneración temporal del ISC a combustibles en 2022 implicó una menor recaudación de S/978 millones. Además, el Congreso aprobó normas con alto impacto fiscal sin observación del Ejecutivo, entre ellas la reducción gradual del IGV de 16% a 14% hacia 2029 y del IGV a 10% para hoteles y restaurantes.
Crisis y emergencias: fertilizantes que no llegaron
Desde 2021 se emitieron al menos 26 decretos de urgencia para responder a desastres como el Fenómeno El Niño y el Ciclón Yaku. Sin embargo, en el mismo periodo se registraron ineficiencias graves: en 2022, la compra de fertilizantes a cargo de Agro Rural se cayó cuatro veces, y los subsidios comenzaron a entregarse en septiembre, seis meses después de la declaratoria de emergencia del sector agropecuario.
Entre 2024 y 2026 se aprobaron tres decretos de austeridad del gasto, pero en 2024 se incumplieron las reglas de déficit fiscal.
Trámites: 200 días sin pasaportes
En 2021, el gobierno de Castillo dilató injustificadamente la compra de 700,000 pasaportes electrónicos por S/14.3 millones al reemplazar a la superintendente de Migraciones y su plana directiva. En 2022 estalló la crisis: Migraciones pasó de entregar 5,000 pasaportes diarios a quedar desabastecida, con citas no disponibles por más de 200 días y ciudadanos pagando penalidades por vuelos perdidos.