El Instituto Peruano de Economía (IPE) advirtió que el Poder Ejecutivo mantiene una influencia decisiva sobre la economía y el funcionamiento del Estado, incluso sin contar con mayoría parlamentaria.
Según el análisis “El mito del Ejecutivo que no hace daño”, las decisiones tomadas desde el Gobierno han tenido efectos directos sobre el presupuesto público, la seguridad, el empleo, la inversión privada y la calidad de los servicios públicos en los últimos años.
El informe sostiene que el Ejecutivo no solo administra recursos, sino que también define prioridades de gasto, regula mercados, impulsa políticas laborales y designa autoridades en entidades estratégicas. Para el IPE, estas facultades pueden acelerar inversiones y fortalecer servicios, pero también generar inestabilidad, mayores costos fiscales y deterioro institucional.
Presupuesto y sostenibilidad fiscal
El IPE señala que una de las principales herramientas del Ejecutivo es la gestión del presupuesto público y la sostenibilidad fiscal. Según el análisis, entre agosto de 2021 y diciembre de 2022 se aprobaron 42 leyes con impacto fiscal sin que el Gobierno presentara demandas de inconstitucionalidad.
El reporte también indica que entre 2022 y 2024 los aportes a Petroperú alcanzaron S/18,000 millones mediante capitalizaciones, préstamos y garantías.
Además, recuerda que en 2022 el subsidio al GLP envasado y al diésel BX superó los S/3,250 millones.
Otro de los puntos observados es la reducción de recursos destinados a combatir la inseguridad y economías ilegales.
El IPE afirma que el proyecto de presupuesto de 2023 asignó 25% menos, ajustado por inflación, a la lucha contra delitos, minería ilegal y tráfico de drogas frente a 2019.
Seguridad, empleo y cambios constantes en el Estado
En materia de seguridad ciudadana, el informe cuestiona la alta rotación de autoridades en el sector Interior. Durante el gobierno de Pedro Castillo se designaron siete ministros del Interior, con una permanencia promedio de apenas 2.3 meses.
El análisis añade que la inestabilidad también alcanzó a entidades estratégicas. Entre 2021 y 2026, EsSalud tuvo 10 presidentes ejecutivos, mientras que Petroperú acumuló 13 presidentes y 13 gerentes generales.
Según el IPE, estos cambios afectan la continuidad de decisiones, inversiones y procesos de reestructuración.
En el ámbito laboral, el estudio sostiene que el Ejecutivo influye directamente sobre el mercado de trabajo mediante decisiones como el aumento de la remuneración mínima vital (RMV), la regulación de la tercerización y cambios en las normas sindicales.
La RMV pasó de S/930 a S/1,025 en 2022 y luego a S/1,130 desde enero de 2025.
Inversión privada y presión tributaria
El IPE también advierte que persisten trabas administrativas para proyectos de inversión.
El informe indica que en el Senace la aprobación de instrumentos ambientales, como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), puede tardar hasta cinco veces más que los plazos legales.
Asimismo, señala que el presupuesto del Senace no supera los S/60 millones y fue recortado en 2026, pese a que la entidad evalúa proyectos vinculados a una cartera superior a US$64,000 millones en minería.
En el frente tributario, el análisis remarca que entre 2021 y 2026 el Ministerio de Economía y Finanzas designó seis superintendentes de Sunat, tres veces más que en quinquenios anteriores.
También menciona la exoneración temporal del ISC a combustibles en 2022, que implicó una menor recaudación de S/978 millones.
Crisis, salud y servicios públicos
El estudio añade que el Ejecutivo tiene capacidad para responder a emergencias mediante decretos de urgencia.
Desde 2021 se emitieron al menos 26 decretos para enfrentar desastres como el ciclón Yaku y el fenómeno El Niño.
Sin embargo, el IPE cuestiona la demora en la compra de fertilizantes en 2022, proceso que se cayó cuatro veces antes de concretar subsidios para agricultores.
En servicios al ciudadano, el documento recuerda la crisis de pasaportes registrada en 2022. Según el informe, Migraciones pasó de emitir 5,000 pasaportes diarios a enfrentar desabastecimiento y citas no disponibles durante más de 200 días.
Respecto a salud y educación, el IPE sostiene que persisten brechas pese al incremento del gasto público. El reporte indica que entre 2021 y 2026 se aprobaron seis aumentos salariales para docentes, aunque en 2024 solo tres de cada diez estudiantes alcanzaron niveles satisfactorios en matemática o lectura. Además, la cobertura de becas cayó de 38,000 beneficiarios en 2021 a 19,000 en 2024.