Desde el mes de enero, Amnistía Internacional le viene pidiendo al Gobierno de España que suspenda inmediatamente cualquier envío a Perú de material antidisturbios porque «las FF. AA. y la policía peruana podrían usarlas para cometer graves violaciones de los derechos humanos en las protestas».
Ante esta petición, el gobierno de ese país decidió suspender la exportación de los artículos utilizados para la represión policial. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó el 21 de febrero, que España suspenderá la venta de material policial al Perú debido al reclamo de diversos grupos parlamentarios españoles.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, señaló que seguían “con atención” la convulsión social que vive el país y las solicitudes de material policial del Perú se analizarían “caso por caso” debido a que Perú es un “destino sensible”.
Aministía Internacional también ha dado a conocer que la empresa española Maxam fue la que fabricó los proyectiles que lanzaron las fuerzas del orden a la multitud protestante durante los últimos meses.
Cabe señalar que Amnistía Internacional confirmó que España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Se calculó en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los cuales cerca de 40 millones fueron de material antidisturbios.
La respuesta de Amnistía Internacional
El día 22 de febrero, Amnistía Internacional publicó su reacción en su página web:
«Acogemos con satisfacción el anuncio del gobierno y confiamos en que sea el primer paso para mejorar la evaluación de riesgo de uso contrario al derecho internacional de las exportaciones de armas españolas y garantizar que ni un arma española se usa para atrocidades».
Asimismo, le insistió a la Junta Interministerial, que autoriza las ventas de armas, que suspenda también la exportación de material de defensa potencialmente letal como munición, armas pequeñas y ligeras.
Todo esto porque el movimiento global considera que «la policía y el ejército peruanos las usen para cometer violaciones graves de derechos humanos como torturas, ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza en la represión de manifestaciones».