Servicios Generales Galaga, la concesionaria señalada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como responsable de la demora en la llegada de material electoral el pasado domingo, ya había sido penalizada en tres ocasiones por la misma entidad entre 2020 y 2023.
Los contratos que vinculan a Galaga con la ONPE se remontan a 2020, 2021, 2022 y 2023.
En todos los casos, la empresa prestó servicios de transporte, despliegue y repliegue de material de sufragio y equipos informáticos para procesos electorales.
Penalidad por S/ 55,900 en 2020
La primera sanción económica se impuso en julio de 2020. El contrato, suscrito en diciembre de 2019 por S/ 2,982,338.91, fue para el despliegue de material en las elecciones congresales extraordinarias de ese año. Las bases establecían una penalidad de hasta el 10% del pago total por cada día de atraso. Galaga fue multada con S/ 55,900.
Sanciones en 2023 por contratos menores
En enero de 2023, la ONPE penalizó a la empresa con S/ 1,330.71. El contrato correspondía a un servicio de transporte y paquetería para las elecciones regionales y municipales de 2022, firmado el 31 de marzo de 2022 por un monto de S/ 4,435.70.
Nueve meses después, en septiembre de 2023, llegó la tercera penalidad: S/ 6,803.17.
El contrato, suscrito en junio de ese año por S/ 68,031.74, era para el despliegue de material electoral y equipos informáticos en los comicios municipales complementarios.
El incidente del domingo
El pasado 12 de abril, miles de ciudadanos no pudieron votar en Lima Metropolitana y el Callao debido a la demora en la llegada de material electoral a los locales de votación, especialmente en la zona sur de la capital.
La ONPE detalló que el traslado hacia Lima debía iniciarse la noche del viernes 10 y continuar la mañana del sábado 11. “Para cumplir esta última etapa, la empresa contratada no contó con la cantidad requerida de vehículos”, señaló la entidad electoral en un comunicado.
La respuesta de Galaga
Este lunes, la empresa se pronunció a través de su página de Facebook. Rechazó la imputación de la ONPE y aseguró que ha cumplido “estrictamente” con todas las obligaciones del contrato.
“Las demoras registradas en la etapa final del proceso no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa, sino a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa”, sostuvo.
Galaga pidió a la ONPE “disculpas públicas necesarias” por el daño a su imagen institucional. Además, informó que el domingo entregó información del contrato a la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR), ante un representante del Ministerio Público.
Acciones legales en curso
La ONPE anunció que iniciará acciones legales y penales contra la empresa. La entidad recordó que el 22 de marzo se entregaron 33 toneladas de material electoral al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el 28 de marzo comenzó el traslado terrestre y aéreo hacia el interior del país, sin inconvenientes. El problema se concentró en la etapa final en Lima.