El proyecto de ley en preparación con el que el Poder Ejecutivo solicitaría facultades legislativas al Congreso plantea una amplia reforma económica que abarca el régimen laboral, tributario, financiero, administrativo y de promoción de inversiones.
Entre las medidas más relevantes figuran la reducción de feriados, un nuevo régimen laboral para impulsar la formalización, cambios al sistema tributario para las empresas, la derogación de los topes a las tasas de interés y la simplificación de permisos para proyectos de inversión.
El proyecto que se está preparando propone que el Congreso delegue facultades por 120 días calendario para legislar en materias como promoción de las micro y pequeñas empresas (mypes), empleo, desarrollo productivo, simplificación administrativa, reforma del Estado, tributación y facilitación del comercio.
Cambios para mypes y formalización
Uno de los ejes del proyecto es la creación de medidas para impulsar la formalización y el crecimiento de las micro y pequeñas empresas. El Ejecutivo plantea aprobar normas que faciliten la digitalización, la innovación, la asociatividad y el acceso a mercados, además de simplificar permisos, licencias y otros requisitos administrativos.
El documento en preparación también propone unificar el marco laboral mediante un régimen progresivo orientado a incentivar la formalización. Este contemplaría cambios en los aportes a EsSalud y a los sistemas de pensiones, así como en la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, jornada laboral, horas extras, utilidades y protección frente al despido.
En materia tributaria, el proyecto plantea modificar el régimen vigente para fomentar la formalización y la competitividad empresarial mediante un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales y crecientes. Asimismo, propone crear instrumentos de capital semilla, garantías y crédito productivo para ampliar el acceso al financiamiento de los emprendimientos.
Reforma laboral
El proyecto incorpora varias modificaciones al régimen laboral. Entre ellas figura el fortalecimiento del enfoque preventivo de la inspección laboral, cambios en las reglas para la extinción de contratos por causas objetivas y una mayor flexibilidad para negociar beneficios laborales como vacaciones, horas extras, gratificaciones, CTS y utilidades entre trabajadores y empleadores.
También propone regular los bonos de productividad como incentivos sin carácter remunerativo, aclarar el tratamiento de la indemnización por pérdida de confianza para trabajadores de dirección y modificar el régimen de feriados no laborables con el objetivo de reducir su número para promover la productividad.
Menos trámites y mayor digitalización
Otro bloque importante del proyecto está orientado a reducir las cargas burocráticas. El Ejecutivo busca obtener facultades para eliminar o fusionar procedimientos administrativos, reducir plazos y costos, ampliar el uso del silencio administrativo positivo y fortalecer las ventanillas únicas.
El texto en preparación también plantea incrementar la vigencia de autorizaciones y permisos, establecer renovaciones automáticas en determinados casos, racionalizar los cobros que realizan las entidades públicas y otorgar pleno valor legal a los documentos digitales emitidos por el Estado. Además, propone reforzar las facultades del Indecopi para eliminar barreras burocráticas.
Impulso a sectores productivos
El proyecto que se está preparando incluye facultades para modificar los marcos regulatorios de sectores como agricultura, pesca, minería, hidrocarburos, electricidad y turismo.
Entre las medidas figuran mecanismos para facilitar el acceso a maquinaria agrícola, fortalecer la competitividad minera mediante la simplificación de permisos, promover inversiones en hidrocarburos y energía, impulsar las energías renovables y agilizar proyectos de infraestructura mediante asociaciones público-privadas (APP).
Asimismo, propone simplificar los procedimientos ambientales, reducir los tiempos de aprobación de instrumentos de gestión ambiental y facilitar autorizaciones para proyectos considerados prioritarios dentro del Plan Nacional de Infraestructura.
Cambios financieros y tributarios
En el sistema financiero, el documento plantea derogar la Ley N.º 31143, que estableció topes a las tasas de interés, y reemplazarla por un marco enfocado en mejorar la transparencia de los productos financieros.
También propone facilitar la creación de nuevos productos financieros y de seguros, ampliar la inclusión financiera, permitir que adolescentes desde los 12 años puedan abrir y mantener cuentas de ahorro y autorizar a las entidades financieras a acceder a información de identidad del Reniec para los procesos de apertura de cuentas y contratación de servicios.
En el ámbito tributario, el Ejecutivo busca facultades para modificar y simplificar los regímenes tributarios, crear incentivos fiscales para promover la inversión y el empleo, introducir créditos tributarios por contratación y capacitación de jóvenes, perfeccionar la Ley del Impuesto a la Renta y modernizar el régimen aduanero para reducir costos y tiempos en el comercio exterior.
Reforma del Estado
El proyecto también plantea facultades para reorganizar entidades del Poder Ejecutivo mediante la creación, fusión, división o eliminación de organismos públicos, con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado.
Además, propone fortalecer criterios de meritocracia, establecer incentivos económicos para retiros voluntarios de servidores públicos y aprobar normas para otorgar mayor seguridad jurídica a funcionarios que participen en proyectos de inversión estratégica.
De acuerdo con el proyecto de ley en preparación, los decretos legislativos que se emitan al amparo de estas facultades quedarían exceptuados de mecanismos como la agenda temprana, la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio ex ante, aunque deberán contar con su respectiva exposición de motivos e informes técnicos, legales y presupuestales.