La congresista Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley que elimina el financiamiento público directo e indirecto a las organizaciones políticas en el Perú.
La propuesta modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Además, busca destinar esos recursos a servicios públicos como salud, educación y seguridad ciudadana.
Deroga tres artículos y endurece sanciones
El proyecto deroga los artículos 29, 37 y 38 de la Ley 28094. Estas disposiciones sustentan el financiamiento público directo e indirecto.
El primero equivale al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada voto válido obtenido por los partidos con representación parlamentaria. El segundo corresponde al costo de la franja electoral que asume el Estado a través de la ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Además, la propuesta modifica el artículo 36-D de la misma ley. Esta disposición regula las sanciones a personas jurídicas distintas de las organizaciones políticas.
Con el cambio, cualquier entidad pública o privada que se niegue a entregar información requerida por la ONPE incurrirá en infracción grave.
La misma sanción se aplicaría a las empresas que aporten directa o indirectamente a una organización política fuera de los límites establecidos por ley.
Denuncias por sobrecostos en la franja electoral
La exposición de motivos sostiene que el esquema vigente ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Uno de los principales problemas señalados es la contratación de publicidad electoral en medios vinculados a dirigentes o militantes de partidos.
Como sustento, el documento cita denuncias periodísticas sobre organizaciones políticas que habrían derivado más de S/80 millones de la franja electoral hacia empresas de comunicación relacionadas con sus propios cuadros partidarios.
El documento menciona además dos casos puntuales. Uno corresponde al uso de más de S/400,000 del presupuesto de la franja electoral para contratar publicidad en un medio vinculado a un actor político.
El segundo involucra la asignación de aproximadamente S/349,882 a una empresa de televisión fundada por una organización política.
Según la congresista, estos hechos evidencian riesgos de conflicto de interés y han debilitado la confianza ciudadana en el sistema.
Sin embargo, precisa que corresponde a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público determinar responsabilidades.
Una ley que ha cambiado de rumbo varias veces
La Ley 28094 se publicó en 2003 y desde entonces ha sido modificada en varias ocasiones. Los cambios no siempre apuntaron en la misma dirección.
En 2017, la Ley 30689 reforzó los mecanismos de prevención de la corrupción en el financiamiento político. En 2020, la Ley 31046 realizó una reforma integral del régimen de financiamiento público y privado.
En 2022, la Ley 31504 ajustó el régimen sancionador. Luego, en 2025, la Ley 32254 hizo lo contrario de lo que ahora propone Yarrow.
Esta norma restituyó el financiamiento privado de personas jurídicas y amplió los destinos permitidos del financiamiento público directo.
El proyecto de Yarrow tampoco es el primero del actual periodo parlamentario que plantea eliminar el financiamiento estatal a los partidos.
Ya existe el Proyecto de Ley 13925/2025-CR, con el mismo objetivo. Esto confirma que el tema continúa en debate en el Congreso.
Vigencia y plazos para adecuar la norma
De aprobarse, la ley entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en El Peruano.
El proyecto plantea que no se espere el plazo que usualmente exige el Título Preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) para los cambios en materia electoral.
El JNE, el Jurado Nacional de Elecciones, y las demás entidades competentes tendrían 60 días calendario para adecuar su normativa reglamentaria a los cambios.
El proyecto involucra directamente al Congreso, la ONPE, el JNE, el Ministerio de Economía y Finanzas y las organizaciones políticas.
Según el análisis costo-beneficio del documento, la medida no generaría costos adicionales para el Estado ni nuevas obligaciones para los ciudadanos.
Por el contrario, permitiría redirigir hacia otras prioridades el gasto destinado al financiamiento permanente de los partidos.
La propuesta también plantea reducir los costos administrativos que actualmente asume la ONPE para gestionar y fiscalizar ese financiamiento.