A pesar de que la inversión pública en agua potable y saneamiento urbano alcanzó un pico récord de S/ 3,5 mil millones en 2024 y sumó alrededor de 25,86 mil millones de soles entre el 2017 y julio del 2026, la cobertura de servicios básicos continúa siendo insuficiente el Perú.
Un reciente estudio presentado por Álvaro Espinoza Benza, investigador adjunto del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), reveló que la brecha de acceso en hogares urbanos se incrementó a 560 mil familias sin agua potable y a 939 mil sin alcantarillado al cierre de 2024.
Este problema se debe a que las ciudades en el Perú crecen a un ritmo superior al de la infraestructura proyectada para servirlas, es decir, cada año se incorporan nuevas viviendas en zonas sin infraestructura (redes de agua y desagüe) incrementando una brecha difícil de cerrar.
El análisis realizado por Grade en Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica, Arequipa, Huancayo y Tarapoto identificó que entre 2017 y 2024 se construyeron 134.568 nuevas edificaciones en las periferias urbanas. Sin embargo, el 81% de estas viviendas se erigió fuera de los sectores hidráulicos existentes y sin acceso directo a redes de agua.
En la práctica, mientras las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) extienden redes para cubrir déficit previos, la expansión urbana desordenada crea nueva demanda desatendida.
“El Estado está corriendo detrás de una brecha que avanza más rápido. La frontera de la ciudad avanza más rápido de lo que puede avanzar la inversión pública”, señala Espinoza Benza.
El fallo del modelo actual: un ciclo de 12 años de espera
El informe pone en evidencia la ineficiencia del actual «modelo reparador», predominante en el 79% de expansión informal. Bajo este esquema, la infraestructura sanitaria llega años después de la consolidación del asentamiento humano.
En promedio, transcurren seis años desde la ocupación del terreno hasta que se concibe una idea de proyecto, y otros seis años más para su formulación, viabilidad y ejecución de obra. Esta dilación genera un periodo sistemático de 12 años en los que miles de familias viven sin el servicio de agua adecuado.
La alternativa preventiva: rapidez y menores costos
Frente a este panorama complicado, el estudio propone priorizar un «modelo preventivo» en el que la factibilidad de los servicios y la colocación de redes se anticipe a la construcción de las viviendas y a la ocupación de las familias.
Una de las ventajas de usar este modelo es la reducción del tiempo promedio de ejecución de una obra de agua en el sector público, que pasaría de 36 meses a solo 4,5 meses.
Según el especialista de Grade, la articulación entre el sector público y el sector privado es indispensable para escalar este modelo. Para revertir la tendencia, se propone adaptar los marcos normativos del sistema de inversión pública, reparando la brecha existente y previniendo la reproducción de nueva brecha.