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Estado peruano ganó litigio contra minera Cerro Verde por más de US$900 millones ante el CIADI

La disputa se centró en presuntos incumplimientos del contrato de estabilidad de 1998 y del TLC entre Perú y Estados Unidos.
Por Valeria Crespo
2 minutos
Minera-Cerro-verde

El Estado peruano prevaleció sobre Sociedad Minera Cerro Verde (Freeport) en el litigio que inició la empresa ante el CIADI en marzo de 2020.

La noticia fue anunciada por el estudio Navarro & Pazos Abogados, filial en Perú del bufete de abogados Baker-Botts, que lideró el caso hacia una resolución favorable para el Perú.

¿Cuándo harán público el laudo?

El conflicto entre la empresa minera y el gobierno comenzó en la mitad de la década pasada.

Según Ricardo Puccio, socio del estudio peruano, el Tribunal del CIADI rechazó «todas las pretensiones del demandante».

El laudo, al ser un caso bajo el TLC con Estados Unidos, será público una vez que se cumplan ciertos requisitos formales.

Argumentos a favor

La defensa peruana, representada inicialmente por Sidley Austin y luego por Baker Botts, argumentó que los contratos de estabilidad solo aplican a proyectos mineros, no a unidades mineras como sostenía Freeport.

Además, demostraron que la empresa no tenía documentos que respaldaran su afirmación de extensión del contrato a la planta concentradora.

El CIADI desestimó todas las solicitudes de la empresa. Sin embargo, queda pendiente el arbitraje interpuesto por Sumitomo en mayo de 2020, que involucra una demanda de cerca de US$300 millones. Además, queda por ver si Freeport pagará los gastos del primer arbitraje.

¿Cómo surgió la controversia?

La controversia entre Sociedad Minera Cerro Verde y el Estado peruano se remonta a mediados de la década pasada, cuando la Sunat reclamó a la minera el pago de regalías adeudadas desde 2006.

La empresa, bajo el control de Freeport en ese momento, argumentó que estaba eximida del pago debido a un contrato de estabilidad tributaria firmado en 1998.

Sin embargo, el Estado argumentó que dicho contrato no cubría el proyecto de la planta concentradora desarrollado en 2004-2006.

Después de que varias instancias dieran la razón al Estado peruano, Freeport y Sumitomo llevaron el caso ante el CIADI en 2020.

Buscaba una indemnización de US$909 millones y que Perú cubriera los costos del arbitraje y honorarios de abogados.