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Planes de gobierno de cinco candidatos son analizados por consultora especializada

Planes de gobierno de cinco candidatos son analizados por consultora especializada

A menos de un mes de las elecciones de abril, la consultora Thorne & Associates analiza las principales propuestas económicas de los líderes de encuestas. La referencia es la última encuesta electoral, proporcionada por Datum, publicada en los diarios Gestión y Perú 21.

Por tanto, los planes de Gobierno analizados pertenecen a los cinco líderes de encuestas: Yonhy Lescano, Rafael López Aliaga, George Forsyth, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza.

Según estimaciones de la consultora Thorne & Associates, en enero de 2021, el PBI habría vuelto a terreno negativo, con una caída de 1.5%, respecto a enero del año pasado, y cambiando la tendencia del ligero avance de 0.5% que se reportó en diciembre pasado.

“Aún prevemos que se contraiga 5.9% en el primer trimestre y se mantenga débil hasta el segundo semestre del año”, sostiene la consultora.

Es en este escenario que se evalúan las propuestas de los candidatos. El análisis es firmado por su socio principal Alfredo Thorne, quien fuera ministro de Economía en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Yonhy Lescano: “Buenas intenciones, malas políticas económicas”

El plan de gobierno de Acción Popular tiene algunas medidas intervencionistas y podrían tener efectos económicos adversos.

El plan de Gobierno de Lescano, de Acción Popular, pretende que una política fiscal expansiva, mediante la priorización de proyectos de inversión pública de mayor impacto social, sea el principal motor no solo para que rebote la economía, sino para recuperar 5 millones de puestos de trabajo.

Al respecto, la consultora indica que no es suficiente la inversión en el sector público para recuperar el empleo perdido.

Sin embargo, no propone una estrategia de formalización de estas empresas, que son las principales generadoras de empleo informal (las empresas con entre 1 y 10 trabajadores tienen una tasa de informalidad laboral de 87.3% al tercer trimestre del 2020), y pretende que la provisión de asistencia técnica y financiera por parte del Estado baste para que se formalicen y lleven las riendas del empleo digno.

“En la práctica, la inversión pública representaba el 4.6% del PBI pre-pandemia; y la privada, el 18%, por lo que no es viable que la inversión del sector público sea suficiente para recuperar el empleo perdido (2.9 millones de puestos al tercer trimestre del 2020 – tercer trimestre 2020)”, sostiene.

Asimismo, en el tema empleo, el análisis encuentra una contradicción dado que el mismo plan de Gobierno de Lescano afirma que “el Estado no tiene ni tendrá capacidad para generar empleo productivo y que esta se soportará en la iniciativa privada principalmente en el sector de PYMES (…)”.

Sin embargo, no propone una estrategia de formalización de estas empresas, que son las principales generadoras de empleo informal (las empresas con entre 1 y 10 trabajadores tienen una tasa de informalidad laboral de 87.3% al tercer trimestre del 2020), y pretende que la provisión de asistencia técnica y financiera por parte del Estado baste para que se formalicen y lleven las riendas del empleo digno.

Propuestas intervencionistas

Otras medidas propuestas son más intervencionistas y podrían tener efectos económicos adversos.

Por ejemplo, Lescano pretende des-globalizar la economía peruana para priorizar la producción nacional, una especie de industrialización por sustitución de importaciones promovida anteriormente en el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

Esto implicaría necesariamente una represalia de nuestros socios comerciales (principalmente China y EE.UU.) y una depresión de las exportaciones peruanas.

El plan menciona, además, que “se revisará los préstamos contraídos por el pasado gobierno que endeuda al Perú por más de cien años”. En otras palabras, no estaría asegurada la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros.

Otro ejemplo es la intención de que el BCR regule las tasas y comisiones del sistema financiero, y de que las mypes accedan a crédito barato “mediante mecanismos de mercado”, reduciendo el spread bancario a “costos competitivos”.

La realidad es que las tasas activas cobradas a mipymes no pueden disminuir por debajo del nivel de riesgo de estas empresas, por lo que no sería viable que accedan a crédito barato.

Finalmente, Acción Popular propone disminuir el ratio de deuda pública a 26% del PBI (actualmente en 35%); sin embargo, simultáneamente pretende una gran expansión de gasto público en, entre otros rubros, transferencias para sostener e incluso reemplazar temporalmente la pérdida de ingresos en hogares en situación de pobreza, sin cuantificar este gasto.

El plan menciona, además, que “se revisará los préstamos contraídos por el pasado gobierno que endeuda al Perú por más de cien años”. En otras palabras, no estaría asegurada la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros.

Rafael López Aliaga: un plan centrado en infraestructura, débil en los demás aspectos.

Para la consultora, en cuanto a la recuperación económica el plan de Renovación Popular no plantea medidas específicas de corto plazo.

Con respecto a la recuperación económica de corto plazo, el informe indica que López Aliaga no plantea medidas específicas.

Sin embargo, menciona que promoverá programas de inversión pública (como reparación de andenes, reforestación, entre otros) en zonas de alta pobreza extrema para generar empleo formal.

Por otro lado, en el plan de López Aliaga no hay ninguna referencia a la debilidad de la demanda agregada post-pandemia ni a cómo sostener el rebote del consumo en un contexto de retiro de estímulos fiscales.

Centrado en el largo plazo

En cuanto a la economía en el largo plazo, el plan de Renovación Popular concentra sus esfuerzos en la implementación de grandes proyectos de infraestructura e inversión: la rehabilitación y ampliación de la red vial nacional, que mejoraría las cadenas productivas; la ampliación de las infraestructuras portuaria y aeroportuaria; y la construcción de nuevas redes ferroviarias vía esquemas de gobierno a gobierno, incluyendo una línea Tumbes-Tacna al 2026.

Por otro lado, en el plan de López Aliaga no hay ninguna referencia a la debilidad de la demanda agregada post-pandemia ni a cómo sostener el rebote del consumo en un contexto de retiro de estímulos fiscales.

Otras medidas a favor del crecimiento de largo plazo son la diversificación productiva para aumentar la productividad de la industria nacional (aunque sin mayores detalles de cómo se lograría esto en la práctica y en las diversas industrias peruanas); la promoción de zonas libres de impuestos cerca de las fronteras para atraer demanda externa; el apoyo a industrias locales de productos agropecuarios para consumo interno y exportaciones; la implementación de incentivos económicos a los gobiernos sub-nacionales que mejoren sus indicadores de gestión; y el refuerzo de la ayuda alimentaria y el fortalecimiento de los programas sociales a favor de los hogares en situación de pobreza extrema.

Punto débil: Estrategia de formalización

Para la consultora, uno de los principales puntos débiles del documento es la efectividad de su estrategia de formalización, que es una de las reformas más importantes que necesita el país para generar un gran rebote del crecimiento potencial.

En cuanto al gasto público, propone reducir el gasto corriente mediante la combinación de ciertos ministerios y la reducción de ineficiencias y burocracia, pero no cuantifica el impacto de estas posibles medidas de política.

Solo menciona la creación del Instituto de Promoción y Desarrollo de las PYMES para promover la formalización y la asociación empresarial, así como las exportaciones de bienes y servicios mediante la expedición de certificados de calidad.

El plan de López Aliaga no menciona la frase “deuda pública” ni presenta un compromiso de estabilizar la trayectoria de esta variable. Para aumentar la recaudación tributaria, plantea reducir las exoneraciones y la tasa de IGV para que “los informales opten por regularizarse”.

En cuanto al gasto público, propone reducir el gasto corriente mediante la combinación de ciertos ministerios y la reducción de ineficiencias y burocracia, pero no cuantifica el impacto de estas posibles medidas de política.

Por último, este candidato también ha planteado medidas intervencionistas en entrevistas en medios (no directamente en su plan de Gobierno). Estas incluyen forzar a las AFP a invertir en infraestructura a nivel nacional (en detrimento del proceso de diversificación de riesgos), manipular el tipo de cambio para promover las exportaciones (lo que podría generar un efecto traspaso significativo que se traduciría en mayor inflación importada) y controlar las tasas de interés del sistema financiero (lo que reduciría el acceso al crédito de los prestatarios más riesgosos).

George Forsyth: el plan más completo, pero con algunas falencias.

George Forsyth plantea un plan de gobierno más aterrizado y promueve medidas permanentes.

De los candidatos analizados, solamente Forsyth reconoce que la economía está dislocada y regresará a sus niveles pre-pandemia tan solo en 2023, indica el análisis.

Asimismo, el plan de Forsyth ha considerado no solo la actividad económica, sino las significativas disrupciones en el mercado laboral. Destaca la debilidad de los indicadores laborales, sobre todo para los sectores C, D y E, que son aquellos que tienen mayor propensión a consumir.

También señala que aplicará salarios mínimos diferenciados según tamaño de empresa y regiones, lo que ataca directamente el problema de rigideces y sobrecostos laborales que desincentiva a las mipymes a ser informales.

A diferencia de los dos candidatos anteriores, no pretende que la inversión pública temporal lidere el rebote del empleo, sino que promueve medidas permanentes, como la formalización de pequeños negocios, la reposición del acervo de capital destruido y la recuperación de la productividad.

Estrategia de formalización completa

De hecho, según el informe, su estrategia de formalización es completa.

Por un lado, propone aumentar la competitividad de las mipymes mediante la promoción de inversión, economía circular, economía digital, entre otros, de modo que estas se vuelvan más eficientes. Asimismo, plantea incrementar su acceso al crédito, brindarles asistencia técnica (lo que justificaría el pago de impuestos por parte de estas) y brindarles herramientas digitales que aumenten su productividad.

Interesante también resulta su intención de crear “Fondos de Fideicomiso para Financiar el Desarrollo Equilibrado Sostenible Multisectorial de Zonas de Influencia de Concesiones de Recursos Naturales” (FONDEM) para solucionar los problemas existentes en el uso de recursos mineros (canon, sobrecanon, etc.).

También señala que aplicará salarios mínimos diferenciados según tamaño de empresa y regiones, lo que ataca directamente el problema de rigideces y sobrecostos laborales que desincentiva a las mipymes a ser informales.

Estrategias de financiamiento no convencional para mipymes

Para impulsar el desarrollo de las mipymes, sugiere promover estrategias de financiamiento no convencional (factoring, fintechs, etc.), digitalización y competencia. El mayor acceso al mercado financiero incrementaría las posibilidades de expansión de las mipymes y, a su vez, las haría mayores sujetos de crédito.

Donde quedan dudas es en su propuesta de aplicar un tributo de suma fija a las mipymes, esto es, que paguen un monto fijo independientemente de su nivel de ventas, bajo la condición de llevar un registro de ventas y compras. Esto no difiere en esencia de los regímenes RUS y RER, pues incentiva el enanismo empresarial y el sub-reporte de ventas. De este modo, iría directamente en contra de la estrategia de formalización analizada en los párrafos anteriores.

Su política económica se basaría sobre la promoción de la inversión privada, la diversificación productiva y la inversión en infraestructura.

Interesante también resulta su intención de crear “Fondos de Fideicomiso para Financiar el Desarrollo Equilibrado Sostenible Multisectorial de Zonas de Influencia de Concesiones de Recursos Naturales” (FONDEM) para solucionar los problemas existentes en el uso de recursos mineros (canon, sobrecanon, etc.).

El factor negativo que acompaña a los FONDEM es la propuesta de reducir el límite de inversión en el extranjero de las AFP, de 50% a 30%, y utilizar esta diferencia para financiar las inversiones del FONDEM, con garantía estatal de que no haya pérdidas. Si bien estaría garantizado el valor de los fondos de pensiones, perjudicaría su crecimiento y la posibilidad de diversificarlos, en detrimento de los aportantes.

Keiko Fujimori: un plan pro-inversión privada, pero que no ahonda mucho en los detalles.

Fujimori le otorga la responsabilidad de la recuperación del empleo a la inversión pública y plantea una simplificación tributaria.

En lo relativo a la reactivación económica de corto plazo, el plan de Fuerza Popular pretende que se dé una gran expansión del empleo y los ingresos laborales, que tendría efectos benignos sobre las tasas de pobreza y pobreza extrema.

Sin embargo, al igual que Acción Popular (Yonhy Lescano), le otorga la responsabilidad de la recuperación del empleo a la inversión pública, en este caso en “pequeñas obras de infraestructura en las zonas más deprimidas de nuestro país”, que se harían mediante colaboraciones entre el sector público y el privado.

Justamente, la estrategia de formalización que plantea para las mipymes carece de una discusión sobre regímenes laborales.

Con respecto a la minería, que recientemente se ha visto afectada por distintos conflictos sociales, a diferencia de Forsyth, Fujimori aduce que su solución es simplemente “promover el diálogo entre la empresa y la comunidad”.

El plan de Fuerza Popular plantea una simplificación tributaria, apoyos tributarios a las empresas más pequeñas y una progresividad del sistema. No obstante, el sistema actual ya es progresivo, pues existen distintos regímenes tributarios dependiendo del tamaño de la empresa.

Justamente, la estrategia de formalización que plantea para las mipymes carece de una discusión sobre regímenes laborales.

Otro punto negativo del plan de Fuerza Popular es que considera aumentar la burocracia asociada a la ejecución de obras públicas, con el supuesto objetivo de reducir la corrupción. De hecho, plantea que haya diversas unidades ejecutoras dependiendo del sector, pudiendo ser INFES (educación), FONCODES (desarrollo social) o PRONAMACHCS (canales de riego). Actualmente ya contamos con una agencia de promoción de la inversión, ProInversión.

Finalmente, Fujimori buscaría llegar a la consolidación fiscal mediante reducciones de gastos superfluos y el mejoramiento de la eficiencia del gasto público, ambos conceptos relativamente abstractos.

Verónika Mendoza: cambio de modelo económico; gran intervencionismo.

Juntos por el Perú propone otorgar bonos mensuales y aumentar el gasto estatal, así como el control de las tasas y comisiones bancarias.

Al igual que Lescano, López Aliaga y Fujimori, Mendoza resalta la necesidad de que el sector público genere empleo a través de obras de infraestructura.

Pero va más allá: su plan contempla que el BCR fije la tasa de referencia en 0% y que se distribuyan mayores dosis del programa Reactiva Perú.

En cuanto al sistema financiero, propone controlar las tasas de interés activas y las comisiones bancarias, así como combatir los oligopolios en el sector, en vez de promover la entrada de nuevos competidores.

La primera medida es inconstitucional, pues viola la independencia del BCR, que ante un aumento inflacionario o de la brecha de producto tendría que aumentar la tasa de política; la segunda podría poner en riesgo la estabilidad fiscal debido a los posibles incumplimientos en los pagos de este programa.

Juntos por el Perú también propone que se den bonos mensuales a familias para reactivar la economía, así como la universalización de pensión 65 y duplicación de su monto en áreas rurales y la duplicación de su cobertura en áreas urbanas, sin mencionar un monto ni cuantificar el costo fiscal.

Pese a que asigna el grueso de la recuperación del empleo al sector público, pretende reducir la informalidad laboral (75.2% de la PEA urbana al 3T20) en 20 puntos porcentuales e incrementar la productividad laboral media en la agricultura, el comercio, los servicios y las pymes en 40%.

Juntos por el Perú plantea otorgar crédito masivo con garantías estatales y bajas tasas de interés a los agricultores y mypes, así como implementar un programa de compras públicas de productos agrícolas nacionales, sin cuantificar el riesgo fiscal que esto impondría.

En cuanto al sistema financiero, propone controlar las tasas de interés activas y las comisiones bancarias, así como combatir los oligopolios en el sector, en vez de promover la entrada de nuevos competidores.

Las propuestas de Mendoza relacionadas al empleo serían contraproducentes e impulsarían una mayor informalidad. Sugiere eliminar regímenes como el agrario, el CAS, entre otros, y pasar solamente al régimen laboral general, que presenta muchas rigideces de contratación y despido. Busca también aumentar los derechos laborales de los trabajadores, pero no profundiza sobre a qué se refiere ni si esto implicaría un aumento de los sobrecostos y rigideces.

Por último, no menciona explícitamente la consolidación fiscal tras el shock del Covid-19 ni sugiere una estabilización de la deuda pública. En relación a la recaudación tributaria, pretende que llegue a 18% del PBI (cifra actual: 13.4%) antes del 2026.

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