El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo y la excandidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, suscribieron un amplio acuerdo político y ciudadano.
Esto con el fin de lograr un gobierno del pueblo e impulsar los cambios para el país, ello con miras a la segunda vuelta electoral.
El acuerdo, «Por la refundación de nuestra patria con soberanía, justicia e igualdad», se firmó tras una breve reunión que sostuvieron Castillo y Mendoza.
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En dicho documento agregan que esto permitirá cerrar el paso a las fuerzas autoritarias y corruptas, para inaugurar «un tiempo nuevo» en el que todas las voces sean escuchadas y la soberanía se recupere.
El compromiso de ambas agrupaciones políticas es afrontar la gravísima crisis sanitaria social y económica relacionada a la pandemia.
Adicionalmente, reactivar la economía priorizando la generación de empleo y dejando atrás el actual modelo económico.
Además, impulsar una firme lucha contra la corrupción, y refundar el Estado profundizando la democracia y el ejercicio de derechos para todos.
Al respecto, Pedro Castillo agradeció la decisión tomada por Verónika Mendoza por «abrazar el compromiso de hacer los cambios» para los más necesitados.
Por su parte, Verónika Mendoza agradeció a Pedro Castillo por el productivo diálogo sostenido donde se ratificó el compromiso de trabajar de manera conjunta para lograr un Gobierno de cambio.
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Compromiso
Durante la misma ceremonia, Pedro Castillo firmó su compromiso con el pueblo peruano, documento de nueve puntos donde se compromete a trabajar contra la pandemia del Covid-19.
Así como darle apoyo a los científicos peruanos, y lograr una Asamblea Constituyente dentro del marco constitucional vigente.
De igual modo, se comprometió a dejar el cargo el 28 de julio de 2026 y a no hacer más interpretaciones auténticas, fortalecer la justicia anticorrupción y defender los derechos humanos de todos los peruanos.
Además, respetar la decisión de los pueblos originarios, luchar contra la inseguridad en todas su formas, así como fortalecer el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
