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El juicio del caso Cócteles de Keiko Fujimori podría alargarse hasta el 2030 y quedarse sin pruebas

El juicio corre el riesgo de llenarse de pedidos de nulidad. Esto podría retrasar un desenlace por muchos años.
Por Martha Seminario Rubio Publicado: Últ. actualización: 10 febrero, 2023 11:00
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Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular, es investigada desde el 2016 por el caso Cócteles, aquellas reuniones que su partido organizó para financiar su campaña presidencial de ese año.

Los hechos evidencian que para la campaña del 2016, Fuerza Popular organizó seis actividades de recaudación. En estos eventos, según reportó el mismo partido fujimorista, se recolectó 4 millones 606 mil 218 soles.

Los cócteles eran eventos a los que los invitados llegaban tras haber adquirido tarjetas con precios oscilaban entre los 250, 350 y 500 dólares por persona. Sin embargo, de acuerdo al Ministerio Público y el fiscal del caso, Keiko Fujimori sería la cabeza de una presunta organización criminal.

Un juicio en riesgo

El caso en mención, por el que se sigue a la lideresa de Fuerza Popular y a otros 46 ciudadanos, corre el riesgo de quedarse sin testigos o pruebas documentales o perder la mayoría de ellas.

Esto es lo que empezará a definirse en la audiencia de hoy, viernes 10 de febrero, al vencer el plazo de ocho días que el juez Víctor Zúñiga Urday otorgó a la fiscal adjunta Paulina Roque para reestructurar la acusación.

Víctor Zúñiga le ha pedido a la fiscal que precise e individualice la utilidad y necesidad de cada una de las 3.915 pruebas presentadas (1.121 testigos y 2.794 documentos) por cada delito y para cada uno de los 47 acusados.

La Fiscalía ha presentado las pruebas en conjunto; es decir, sin precisar qué delitos específicos demuestran esas pruebas y respecto de qué persona, lo que se necesita para asegurar una defensa efectiva.

Audiencia de juicio

Paulina Roque indicó que la práctica que ha desarrollado el Equipo Especial Lava Jato en otros procesos es presentar las pruebas en bloque. Sin embargo, el juez aclaró, citando el caso Kenji Fujimori, que la jurisprudencia establece la necesidad de individualizar cada prueba.

Aparte, hay que señalar que la individualización de la prueba es un reclamo general de los jueces de juicio, pues la prueba en bloque enreda los casos y complica el avance de las audiencias del juicio público, como sucede en los juicios del caso Humala y Metro de Lima.

La fiscal adjunta que representa al Equipo Especial Lava Jato aceptó el pedido del juez, pero solicitó que, por la gran cantidad de pruebas, le dé un mayor plazo. El juez le respondió que la norma procesal no permite dar un plazo mayor a los ocho días.

Diversas fuentes judiciales y de la defensa consideran que Roque no logrará completar su trabajo. A través de una nota de prensa, el Ministerio Público informó que sí cumplirá con el pedido en el plazo previsto.

En caso de que no lo logre, según diversas fuentes, la fiscal podría generar un nuevo debate sobre los alcances de la decisión del juez que trabe la audiencia y consuma las cuatro horas previstas para hoy, con lo que todo se aplazaría hasta el 22 de febrero.

Recién cuando la fiscal precise la utilidad y necesidad de cada prueba sobre cada uno de los cinco delitos señalados en la acusación y respecto de cada uno de los 47 acusados, las audiencias volverán a su desarrollo normal.

Pedidos de nulidad

Cabe precisar que el juez Zúñiga decidió que este caso pase a juicio público, pero podría pasar con observaciones respecto a la falta de formalidad en la presentación de las pruebas, con menos pruebas de las previstas por la Fiscalía o con varios acusados sin sustento probatorio.

Todo un dilema jurídico para los jueces. Zúñiga indicó que tomará una decisión sobre la pertinencia o no de las pruebas de la Fiscalía cuando emita la resolución de enjuiciamiento, lo que sucedería a finales del 2023, como mínimo.

Mientras tanto, diversos abogados de la defensa han anunciado que podrían promover recursos de nulidad, que llegarían hasta la Corte Suprema.

En primer lugar, sobre la decisión del juez de devolverle a la Fiscalía la acusación para reestructurar el tema probatorio, en su nota de prensa, la Fiscalía dice que no es una devolución, pero en la audiencia todos hablaron de devolución.

Algunos abogados defensores consideran que no existe una norma procesal que faculte al juez a realizar esta décima devolución del expediente, y que en agosto del 2022, Zúñiga ya había declarado el expediente saneado, esto es, que ya no había nada que corregir.

Lo único que falta es discutir la utilidad y necesidad de las pruebas, caso por caso. Luego, la decisión del juez también será objeto de pedidos de nulidad. Así, el juicio corre el riesgo de llenarse de pedidos de nulidad. Esto podría retrasar un desenlace por muchos años.

El juicio podría alargarse hasta el 2030

Las deficiencias observadas por los abogados de la defensa en el caso Cócteles podrían generar que el proceso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular llegue al año 2030 sin un veredicto final.

El juez Víctor Zúñiga está apurando el control de acusación, pero la falta de precisión probatoria vuelve a demorar todo. Ahora, además, se deberá discutir las pruebas sobre cada uno de los 47 acusados. Esto supone un mínimo de 47 audiencias, que, si se realizan a diario, cubrirían unos cuatro meses, mínimo.

Luego, el juez necesita un tiempo más para redactar el documento final y que resuelvan las nulidades. Así, juicio iniciaría el 2025.