La Cámara de Comercio de Lima (CCL) pidió a la actual gestión del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) revisar las exigencias aprobadas por la administración anterior para los centros de arbitraje que buscan permanecer en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU).
El pedido ocurre a pocos días de que venza el plazo de adecuación. El 17 de agosto es la fecha límite para que las instituciones cumplan con los requisitos cuestionados.
Si las disposiciones se mantienen, podrían comenzar las exclusiones del registro.
La CCL sostiene que varias de estas exigencias constituyen barreras burocráticas ilegales.
Por ello, presentó una denuncia y solicitó una medida cautelar ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
¿Qué requisitos cuestiona la CCL?
Entre las condiciones observadas figuran la presentación de licencias municipales, determinadas vinculaciones con empresas privadas, acreditaciones académicas para secretarios arbitrales y la implementación de plataformas informáticas específicas.
Según el gremio empresarial, estos requisitos no tienen una relación directa con aspectos centrales de una institución arbitral, como su experiencia, calidad, integridad o transparencia.
El problema es que su cumplimiento podría convertirse en una condición para permanecer en el REGAJU.
Así, los centros que no logren adecuarse quedarían expuestos a una eventual exclusión.
Menos centros, menos opciones para empresas y Estado
La CCL advierte que una reducción del número de instituciones inscritas en el REGAJU podría afectar la competencia en la administración de arbitrajes vinculados con contrataciones públicas.
En términos prácticos, habría menos alternativas para que empresas y entidades del Estado elijan dónde resolver sus controversias contractuales.
Esto podría elevar los costos de los procesos arbitrales y generar mayores tiempos de resolución, según la posición del gremio.
Además, la Cámara alerta sobre un posible aumento de la incertidumbre jurídica.
Esto resulta relevante porque el arbitraje cumple un papel importante en la solución de disputas derivadas de contratos públicos.
OECE puede corregir las medidas antes de que venza el plazo
La CCL atribuye el origen de estas disposiciones a la anterior administración del OECE. Por ello, pidió a la actual conducción intervenir antes de que se concrete cualquier exclusión.
El gremio sostiene que el organismo puede revisar y modificar administrativamente las medidas dentro de sus competencias.
Es decir, no tendría que esperar a que Indecopi concluya el procedimiento iniciado por la Cámara.
La solicitud, por tanto, apunta a que el OECE actúe antes del 17 de agosto y evite que las exigencias cuestionadas tengan un efecto sobre el registro de instituciones arbitrales.
Para la CCL, corregir las disposiciones permitiría preservar la competencia entre centros de arbitraje y mantener alternativas para la solución de controversias en las contrataciones públicas.
El gremio también considera que esta revisión contribuiría a reducir la incertidumbre para empresas e instituciones del Estado y a sostener un sistema arbitral que opere bajo criterios de transparencia y eficiencia.