Hasta noviembre, la región Apurímac mantiene 17 conflictos sociales (14 activos y 3 latentes), lo que la hace permanecer como la tercera región con mayor conflictividad en el país.
Según la Defensoría del Pueblo, esos 17 conflictos representan el 8 % del total nacional. Además, hay 5 casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales, y que deben ser reconocidos para evitar su escalamiento y promover el diálogo.
De los 14 conflictos activos, 9 son de tipo socioambiental y 5 de tipo comunal. Asimismo, en 13 existen procesos de diálogo, mas no es así en 1 de ellos (el referido a la disputa por linderos territoriales entre las comunidades campesinas de Pumamarca y Asacasi).
Sobre los 3 conflictos latentes, 2 son de tipo socioambiental y 1 es de tipo comunal.
Respecto a los casos de conflictos sociales activos, en 1 de ellos se solicitó a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros información sobre la respuesta brindada a los dirigentes sociales del distrito de Chalhuahuacho. Asimismo, se informó que el 21 de noviembre, la Policía Nacional del Perú restableció el orden público en las zonas de bloqueo en Quehuira y Manantiales.
Apurímac: 5 casos podrían devenir en conflictos sociales
Se ha identificado 5 casos en observación, que podrían convertirse en conflictos sociales. El primero de ellos ocurre en Chalhuahuacho (provincia de Cotabambas), en donde la Asociación de Vivienda Los Manantiales señala presuntos incumplimiento de acuerdos de la empresa minera Las Bambas.
El segundo caso en observación se advirtió en el distrito de Antabamba (provincia del mismo nombre), en donde comuneros del Anexo de San Juan de Vilcarana y mineros ilegales ocasionaron daños materiales al proyecto minero Azuca de la empresa Ares.
El tercer caso en observación está referido a la quema de instalaciones del campamento del proyecto minero Los Chancas de la empresa Southern Perú por mineros ilegales. La cuarta alerta es sobre los reclamos de la comunidad campesina Huanca a la empresa Anabi.
Finalmente, el quinto caso en observación da cuenta de la exigencia de la plataforma de lucha del Frente de Defensa de los Intereses de Totora Oropesa – Antabamba a las operaciones mineras, como de la empresa minera Anabi.