El Tribunal Constitucional (TC) resolvió que el Congreso de la República no tiene iniciativa para crear ni incrementar gasto público, en una sentencia que revierte su propia jurisprudencia y llega después de que el Consejo Fiscal calculara que, entre 2021 y 2025, el Legislativo aprobó cerca de 229 leyes con impacto fiscal adverso.
Según el organismo, 101 de esas normas fueron aprobadas por insistencia y generan un costo anual cercano a los S/ 36,000 millones, más de tres veces el promedio registrado en periodos previos. Solo en marzo, el Parlamento aprobó 11 normas con obligaciones fiscales que podrían elevar el gasto anual del Estado en al menos S/ 11,400 millones.
El caso que originó el cambio: Belén
El nuevo criterio quedó plasmado en la sentencia del Expediente N.° 00018-2023-PI/TC, emitida a raíz de la demanda de inconstitucionalidad que el Poder Ejecutivo presentó contra la Ley 31232, norma vinculada a la reubicación de la población de la zona baja de Belén, en Loreto.
El TC declaró fundada la demanda por vulnerar los principios de equilibrio presupuestario y la competencia del Ejecutivo para administrar la hacienda pública.
El Tribunal sostuvo que la Constitución asigna al Poder Ejecutivo la administración de la hacienda pública y la conducción de la política presupuestaria, por lo que el Congreso no puede aprobar leyes que generen nuevas obligaciones económicas para el Estado, aunque sí puede legislar para promover derechos económicos y sociales sin disponer directamente el gasto.
Un «overruling» que aparta un criterio de 2021
El propio TC calificó su decisión como un «overruling»: un cambio expreso de jurisprudencia. El Tribunal se apartó del criterio fijado en el Expediente N.° 00018-2021-PI/TC, sobre negociación colectiva en el sector público, que había abierto la posibilidad de que el Congreso aprobara normas con gasto financiable a futuro.
El Pleno actual consideró necesario modificar esa línea y estableció que la prohibición de iniciativa de gasto debe interpretarse de manera estricta, como mecanismo para preservar la sostenibilidad fiscal.
Reglas para futuros proyectos de ley
El fallo no cierra por completo la puerta al Congreso: de forma excepcional, los parlamentarios podrán presentar proyectos con impacto en el gasto si los coordinan previamente con el Poder Ejecutivo.
Para ello, el TC fijó tres condiciones: identificar la fuente de financiamiento que garantice el equilibrio presupuestario, contar con un informe de sostenibilidad fiscal del Ejecutivo antes del dictamen, y priorizar el gasto en necesidades sociales básicas claramente identificadas, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.
El criterio trasciende el caso de Belén y podría aplicarse a futuras leyes sobre remuneraciones, pensiones, beneficios laborales y programas sociales, en un contexto en el que el gasto aprobado por insistencia ha crecido de forma sostenida en los últimos años.