La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) registra una ejecución financiera promedio de apenas 36% en las obras de prevención de desastres y reconstrucción iniciadas antes de 2023, pese a que estos proyectos representan el 75% de su cartera vigente.
Así lo advirtió el Instituto Peruano de Economía (IPE), que alertó sobre la limitada capacidad del Estado para enfrentar un posible Fenómeno El Niño (FEN) Costero de fuerte intensidad o un terremoto de gran magnitud.
El informe señala que la lentitud en la ejecución de estas inversiones se suma a las amplias brechas de infraestructura y vivienda que aún mantiene el país. Además, advierte que, para 2026, el presupuesto por habitante destinado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias en la zona norte es casi 30% menor, en términos reales, que el promedio ejecutado durante los últimos diez años.
Desastres naturales continúan generando altos costos
El IPE recuerda que el Fenómeno El Niño Costero de 2017 fue el desastre natural más costoso del siglo en el Perú, con pérdidas equivalentes al 1.5% del PBI. Le siguen los terremotos del sur del país en 2001 y de Ica en 2007, cuyos daños representaron cerca del 0.6% del PBI en cada caso.
Entre 2015 y 2024, el Indeci registró más de 57,000 emergencias de origen natural, las cuales afectaron a 9.5 millones de personas, 1.2 millones de viviendas, 6,000 puentes y 32,000 kilómetros de carreteras.
Las lluvias intensas concentraron el 40% de las emergencias registradas y explicaron el 63% de las viviendas afectadas, el 74% de los puentes dañados y el 75% de las carreteras comprometidas durante ese periodo.
Viviendas e infraestructura mantienen elevada vulnerabilidad
El estudio también advierte que el 77% de las viviendas del país son informales, lo que incrementa su exposición frente a desastres naturales.
Al cierre de 2025, el 72.4% de estas viviendas presentaba pisos inadecuados, el 50% techos deficientes y el 29% paredes construidas con materiales precarios. En regiones como Loreto, Ucayali y San Martín, más del 90% de las viviendas informales cuenta con techos inadecuados.
La infraestructura educativa también refleja un importante rezago. Cerca de 27,000 locales escolares requieren ser reemplazados completamente, situación que afecta a más de 1.2 millones de estudiantes. Al ritmo promedio de inversión registrado entre 2021 y 2025, cerrar esta brecha demandaría 24 años, mientras que en regiones como San Martín, Amazonas y Loreto el plazo superaría las cinco décadas.
IPE alerta sobre menor presupuesto en el norte del país
El informe señala que los recursos destinados a la prevención y atención de desastres no se distribuyen de manera uniforme. Mientras el presupuesto por habitante para la zona norte disminuyó cerca de 30%, el destinado al oriente aumentó 49%, el del centro 31% y el del sur 30%, respecto al promedio ejecutado entre 2016 y 2025.
En ese contexto, el IPE sostiene que mejorar la capacidad de ejecución de la ANIN y fortalecer la inversión preventiva será determinante para reducir el impacto económico y social de futuros fenómenos naturales.