El llamado del presidente Pedro Castillo al Congreso de la República para que se trabaje en conjunto una ley sobre la estatización del gas de Camisea, es «una amenaza nefasta que atenta contra la inversión privada y quebranta la reactivación económica en curso», afirmó el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor.
De la Flor refirió que lo declarado por el Jefe de Estado solo alimenta la inestabilidad y desconfianza entre los inversionistas. Además, lamentó que se vaya a cumplir 100 días de gobierno no haya un rumbo claro en la política del mandatario.
«Ya se van a cumplir 100 días de gobierno y observamos con gran preocupación que no hay un rumbo claro en la conducción del país. Solo encontramos anuncios y gestos contradictorios que satanizan la inversión privada y deslegitimizan su real contribución al desarrollo del Perú», enfatizó.
El directivo de la SNMPE dijo que utilizar como excusa la necesidad de acelerar la masificación del gas natural para «impulsar una medida ilegal y arbitraria, solo refleja un ímpetu populista que ya se aplicó en el pasado con resultados desastrosos para todos los peruanos».
Pablo de la Flor afirmó que se «coincide en que la masificación del gas es urgente. Sin embargo, para que ello ocurra hace falta que el Gobierno defina lineamientos de política pública que permita la construcción de una red de ductos a fin de llevar gas a más hogares».
Añadió que «la masificación no tiene nada que ver con el contrato de Camisea, que más bien, ya tiene una carga fiscal de 65% entre impuestos y otros aportes», Por ello, recordó que, en 17 años de operación, Camisea ha aportado al país más de S/40,000 millones, entre impuestos y regalías.
«Mientras persistan mensajes nocivos como el de la pretendida estatización de Camisea y de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para derogar la actual Constitución, solo se conseguirá espantar a la inversión y se deteriorará la generación de empleos», indicó.
De la Flor concluyó señalando que lamenta que se pretenda vulnerar unilateralmente el contrato de Camisea, proyecto que está garantizado por la propia Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
