La Nueva Refinería Talara llegó al cierre del contrato de supervisión normativa con 1,639 incumplimientos identificados, de los cuales alrededor de 1,439 seguían pendientes de subsanación.
La situación llevó a la Contraloría a advertir sobre el riesgo de que el proyecto no pueda acreditar oportunamente su cierre técnico, normativo y documental.
El dato aparece en el Informe de Hito de Control N.° 006-2026-OCI/4243-SCC, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Osinergmin.
La revisión comprendió la ejecución contractual del servicio de fiscalización del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (PMRT) y tuvo como periodo de evaluación del 26 de junio al 16 de julio de 2026.
Mientras permanezcan incumplimientos sin cerrar, no se puede completar la verificación necesaria para emitir las declaraciones de cumplimiento normativo correspondientes.
Eso mantiene un riesgo sobre la seguridad, integridad de las instalaciones, continuidad operativa y confiabilidad de los sistemas del complejo.
Ingeniería de procesos concentra casi la mitad de los hallazgos
Los 1,639 incumplimientos no están distribuidos de manera uniforme. Ingeniería de Procesos concentra 756 casos, equivalentes al 46.13% del total.
Le siguen Mecánica y Tuberías, con 287; y Seguridad Industrial y de Procesos, con 280.
Por etapas, el mayor número corresponde a Diseño, con 561 incumplimientos (34.23%).
Después aparecen Procura, con 419 (25.56%); Construcción, con 354 (21.60%); Comisionamiento y Puesta en Marcha, con 197 (12.02%); y Precomisionamiento, con 108 (6.59%).
El propio informe destaca que Diseño, Procura y Construcción reúnen 1,334 incumplimientos, el 81.39% del total.
Es decir, más de ocho de cada diez observaciones se concentran en las fases que determinan cómo se diseña, adquiere y construye la infraestructura antes de llegar a las pruebas y al arranque.
Esto es relevante porque el problema no se limita a documentos pendientes de una planta que ya está operando.
Parte importante de los hallazgos se origina en elementos estructurales del proyecto: ingeniería, especificaciones, adquisición de equipos y ejecución de obras.
Petroperú había cerrado apenas 200 observaciones
Al 1 de julio de 2026, Petroperú había absuelto aproximadamente 200 incumplimientos, principalmente correspondientes a la etapa de diseño. Eso equivale a cerca del 12.2% de los 1,639 hallazgos identificados.
En consecuencia, quedaban aproximadamente 1,439 incumplimientos, alrededor del 87.8% del total.
La supervisora FIMS ya había advertido sobre esta situación en sus reportes.
Según la documentación revisada por la Contraloría, Petroperú presentó varios descargos para los incumplimientos de diseño, pero estos no habían permitido cerrar esa etapa.
Lo mismo ocurría con los hallazgos de procura.
FIMS incluso señaló que el número de incumplimientos podía llegar a aproximadamente 2,000 al finalizar su contrato.
El riesgo identificado por la Contraloría era que el plazo disponible no fuera suficiente para revisar los descargos, verificar las correcciones y emitir la documentación de cierre.
El contrato de supervisión terminó el 20 de julio
El Consorcio FIMS fue contratado por Osinergmin por S/19.9 millones para fiscalizar el cumplimiento de las exigencias legales y técnicas del PMRT.
El contrato, suscrito el 12 de julio de 2024, contemplaba 18 meses de ejecución desde el inicio efectivo del servicio, que comenzó el 21 de enero de 2025.
Por ello, el plazo contractual culminó el 20 de julio de 2026.
El problema señalado por la Contraloría es que el vencimiento del contrato no significa que los incumplimientos desaparezcan.
Por el contrario, si estos no son revisados y cerrados por la supervisora, queda limitada la capacidad de acreditar que las correcciones cumplen con las exigencias técnicas y normativas.
Las bases del proceso establecían que, cuando existieran incumplimientos pendientes, los Informes Complementarios debían identificar cada caso y precisar qué documentación debía presentar Petroperú para acreditar su subsanación.
Solo cuando no existieran incumplimientos pendientes correspondía emitir las declaraciones de cumplimiento normativo.
Osinergmin recién ordenó los informes complementarios en julio
El informe también pone el foco sobre Osinergmin. La Contraloría determinó que el regulador otorgó conformidad a entregables de FIMS sin contar oportunamente con los Informes Complementarios que formaban parte de los documentos exigibles.
Estos informes eran importantes porque debían sustentar el cierre de cada etapa del proyecto.
De acuerdo con el informe, Osinergmin emitió recién el 9 y 10 de julio las órdenes de servicio para elaborar los informes complementarios correspondientes a las seis etapas: Diseño, Procura, Construcción, Precomisionamiento, Comisionamiento y Puesta en Marcha.
Las órdenes fueron emitidas apenas unos días antes del vencimiento del contrato de supervisión, previsto para el 20 de julio.
La Contraloría concluyó que esta situación redujo el tiempo disponible para que FIMS revisara la documentación, formulara observaciones y exigiera las correcciones necesarias antes del término contractual.
¿Qué significa esto para la operación de la refinería?
El informe no establece que los 1,639 incumplimientos impliquen 1,639 fallas físicas ni que la refinería tenga que dejar de operar. Esa interpretación sería excesiva.
Lo que sí advierte es que existen hallazgos de cumplimiento normativo que todavía no habían sido cerrados y validados.
La preocupación está en que algunos de ellos podrían involucrar condiciones técnicas relacionadas con sistemas críticos, seguridad de procesos, integridad mecánica y confiabilidad operativa.
Por eso, la Contraloría considera que la falta de cierre puede afectar la capacidad de demostrar que las instalaciones cumplen las condiciones previstas para su operación.
Además, la propia documentación contractual establece que la fiscalización debía incluir no solo revisión documental, sino también inspecciones y verificaciones técnicas de unidades de proceso, unidades auxiliares y obras complementarias.
El objetivo era comprobar el cumplimiento de estándares técnicos, seguridad industrial, seguridad de procesos, protección ambiental, confiabilidad e integridad mecánica.
Un proyecto de más de US$5,500 millones
La dimensión del problema adquiere mayor relevancia por el tamaño de la inversión. Petroperú aprobó en 2023 un monto integral de US$5,538.5 millones, sin intereses preoperativos, para la Nueva Refinería Talara.
El complejo incrementó su capacidad de procesamiento de 65,000 a 95,000 barriles por día y fue diseñado para procesar crudos más pesados y producir combustibles con menor contenido de azufre.
Por eso, el cierre normativo no es un trámite menor. Se trata de la etapa que debe dejar documentado que una de las mayores inversiones realizadas por Petroperú cumple con las condiciones técnicas y regulatorias previstas.
Petroperú, además, informó que la refinería continuó con su proceso de estabilización y optimización durante 2025.
En agosto de 2026 reportó una utilidad neta de US$121 millones en el primer semestre, aunque todavía mantenía un déficit de capital de trabajo de US$1,427 millones.
En ese contexto, la resolución de los hallazgos tiene también una dimensión financiera: la refinería constituye el principal activo industrial de Petroperú y su desempeño es clave para la recuperación de la empresa.
Contraloría exige medidas en cinco días hábiles
Ante las dos situaciones identificadas, la Contraloría recomendó comunicar el informe al titular de Osinergmin para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes.
El organismo debe informar al OCI, en un plazo de cinco días hábiles, qué acciones tomó o tomará y presentar la documentación que las sustente.