El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el Recurso de Agravio Constitucional que presentó Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) sobre el Puerto de Chancay.
La empresa busca que el máximo intérprete de la Constitución revise el caso y determine si Ositran puede ejercer funciones de regulación y fiscalización sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.
Cosco Shipping sostiene que el terminal tiene titularidad privada y que Ositran no cuenta con facultades para intervenir en determinados ámbitos de su operación. La compañía también cuestiona las atribuciones del regulador en materia tarifaria, salvo cuando una norma las autorice de manera expresa.
¿Qué implica el recurso?
La admisión del recurso no significa que el TC haya respaldado la posición de Cosco Shipping. El tribunal ahora deberá analizar los argumentos de la empresa y de las demás partes involucradas antes de emitir una decisión.
El pronunciamiento podría definir el alcance de las competencias de Ositran sobre el Puerto de Chancay y establecer un precedente sobre la supervisión estatal de infraestructura portuaria de titularidad privada.
El caso adquiere especial relevancia por el tamaño y la importancia estratégica del proyecto. Chancay representa una de las mayores inversiones portuarias de los últimos años en el Perú y busca convertirse en un punto clave para el comercio entre Sudamérica y Asia.
Por ello, la decisión del TC no solo tendrá efectos sobre Cosco Shipping y Ositran. También podría influir en la relación entre el Estado y los inversionistas privados en futuros proyectos de infraestructura.
¿Cómo comenzó la disputa?
La controversia surgió a partir de una demanda de amparo que Cosco Shipping presentó para limitar las competencias de Ositran sobre el puerto.
En primera instancia, un fallo judicial restringió las facultades del organismo supervisor. Sin embargo, una instancia superior revocó esa decisión y declaró improcedente la demanda de la empresa.
Ante ese resultado, Cosco Shipping anunció a comienzos de julio que acudiría al Tribunal Constitucional. Su abogado, Ramiro Portocarrero, explicó entonces que el Recurso de Agravio Constitucional constituía la vía disponible para que el máximo tribunal revisara el caso.
La compañía sostiene que busca proteger la estabilidad del marco jurídico que sustentó su inversión en el proyecto portuario.