El Primer Juzgado Constitucional de Lima ordenó el retiro inmediato de las rejas que impiden el acceso a los establecimientos comerciales aledaños a la Plaza Mayor del Centro Histórico de Lima, por vulnerar el derecho a la libertad individual de libre tránsito.
En su resolución, la jueza Milagros Grajeda exhorta al gobierno, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al jefe de la Región Policial Lima abstenerse de colocar rejas de manera permanente, que restrinjan el derecho de libertad de tránsito sin justificación legal ni razonable.
De esta manera, la magistrada declaró fundada una demanda de habeas corpus presentada en marzo pasado por el ciudadano Carlos Fernández Vélez en favor de los trabajadores y consumidores de los establecimientos comerciales de los alrededores de la Plaza Mayor de Lima.
La resolución se basa en la Ley N° 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional, y valora que no resulta proporcional la medida de colocar rejas, adoptada desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, bajo el sustento de garantizar la seguridad ciudadana.
«La demanda de habeas corpus es fundada porque se ha demostrado que con la medida de colocar rejas de manera permanente en el centro histórico de Lima se ha lesionado el derecho de los beneficiarios al derecho fundamental de la libertad de tránsito; correspondiendo que se retiren las rejas que impiden el libre tránsito», señala la jueza Milagros Grajeda en la resolución.
No obstante, a la vez admite que «existen situaciones en las cuales las fuerzas del orden, en cumplimiento de su labor para el control del caos, en movilizaciones violentas y otros, utilizan como parte de su estrategia de control el uso de rejas de manera temporal, con la finalidad de evitar el avance de la grupos violentos», lo cual resulta válido como una situación excepcional.
Municipalidad de Lima también protestó por rejas en Plaza Mayor
El pasado 14 de septiembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima interpuso una demanda de amparo contra el Poder Ejecutivo por la instalación permanente de rejas y parantes en los alrededores de la Plaza Mayor que impiden el libre acceso de ciudadanos y turistas.
A través de un comunicado, la municipalidad consideró que el cierre de las calles del Centro Histórico de Lima es una medida “arbitraria” del gobierno de Pedro Castillo y que “transgrede el libre acceso de los vecinos a sus viviendas y de los trabajadores de las instituciones y negocios”.
Además, advirtió que las rejas perjudican el desarrollo económico en esta zona de la ciudad capital, ya que perjudica al turismo y a los establecimientos comerciales aledaños.