La exportación de oro de origen ilegal superará este año, por primera vez, a la de origen legal.
En el primer semestre de 2026 creció 19.4%, mientras que la legal cayó 5.9%.
Con ese resultado, los envíos ilegales ya aventajan a los formales en 8.7 toneladas y concentran el 54% del volumen total exportado por el Perú, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Los envíos ilegales rozarían las 120 toneladas al cierre del año
Para diciembre, el IPE estima que la exportación de oro de origen ilegal alcanzaría al menos 110 toneladas y podría superar las 120.
Ese volumen equivaldría a entre 52% y 55% de todo el oro que sale del país.
Dos factores explican la expansión: el precio internacional y la falta de capacidad del Estado para frenar la minería ilegal.
En lo que va de 2026, el oro promedió US$4,500 por onza, 44% más que en el mismo periodo de 2025, cuando bordeó los US$3,125.
JP Morgan proyecta que el promedio anual cerrará en US$4,545, el doble del registrado en los últimos cinco años.
La economía ilegal más rentable duplica a todas las demás
Con esos precios, el valor exportado de oro ilegal llegaría como mínimo a US$16 mil millones y podría pasar los US$18 mil millones.
Es casi nueve veces lo registrado hace una década y 39% más que en 2025, cuando sumó US$11,500 millones.
Así, la minería ilegal se consolida como la economía ilegal que más dinero genera en el país: duplica el tamaño del resto de actividades ilícitas juntas.
El Reinfo cumple diez años con 2% de formalizados
Desde que se creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en 2016, solo el 2% de sus inscritos culminó el proceso.
Aun así, el registro ya fue prorrogado cinco veces y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no descarta extender su vigencia más allá de diciembre de 2026.
El mecanismo exime de responsabilidad penal a quienes figuran en él. Esto significa que, en la práctica, ha facilitado el avance de la actividad sobre zonas restringidas: áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas.
La minería formal también paga el costo
El avance ilegal golpea además operaciones en marcha, como Poderosa en La Libertad y Las Bambas en Apurímac, y ocupa áreas destinadas a proyectos como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira.
El IPE calcula que hay en riesgo proyectos por más de US$12 mil millones de inversión.
Qué exige revertir la tendencia
Para el instituto, enfrentar el problema pasa por cerrar definitivamente el Reinfo y recuperar la presencia efectiva del Estado en los territorios afectados.
A eso debería sumarse una estrategia integral con plazos creíbles de formalización, trazabilidad robusta, fiscalización sostenida y cooperación transfronteriza.
El Ejecutivo, mientras tanto, pidió facultades para actualizar las normas de formalización y trazabilidad minera, simplificar procedimientos y dar asistencia técnica a proveedores y encadenamientos productivos.
También anunció que presentará una nueva ley MAPE, dirigida a la minería artesanal y de pequeña escala.