Petroperú atraviesa su peor crisis operativa. El presidente de la empresa, Roger Arévalo, advirtió que, sin una inyección de US$2,000 millones, el país enfrentará un desabastecimiento de combustibles a partir de los primeros días de mayo. La refinería de Iquitos ya se encuentra paralizada, mientras que las de Talara y Conchán están por detener sus operaciones.
La estatal acumula una deuda total de US$7,899 millones a febrero de 2026. Solo a proveedores se les debe US$2,500 millones. Varios de ellos ya amenazaron con iniciar procesos concursales, por lo que ahora exigen el pago al contado para seguir entregando materia prima. Como resultado, Petroperú no tiene el petróleo necesario para mantener en marcha sus plantas.
La refinería de Talara, que demandó una inversión de más de US$5,000 millones, hoy opera muy por debajo de su capacidad: produce apenas 60,000 barriles por día frente a su capacidad instalada de más de 100,000 barriles. La de Iquitos ya se detuvo por completo, y la ciudad de Iquitos se abastece con combustible trasladado desde Lima, a un costo logístico mucho más alto.
Rescates por US$6,800 millones
Entre 2022 y 2025, Petroperú recibió cerca de S/717,800 millones en apoyo estatal, equivalentes a aproximadamente US$6,800 millones al tipo de cambio actual. A pesar de ello, la empresa acumula una deuda financiera que supera los US$6,300 millones y un déficit de capital de trabajo estimado en US$1,500 millones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la situación de la petrolera incrementa los riesgos sobre las cuentas fiscales del país, especialmente en un contexto donde el déficit fiscal podría alcanzar el 2% del PBI en 2026.
El organismo recomendó que cualquier apoyo fiscal sea focalizado y temporal.
Aval del Estado vs rescate directo
El Poder Ejecutivo evalúa dos alternativas. La primera es un aval estatal que permita a Petroperú acceder a financiamiento en la banca privada, sin un desembolso inmediato de recursos públicos. La segunda es un rescate directo, que implicaría una inyección de capital por hasta US$2,000 millones.
Esta última opción permitiría reducir el ratio patrimonial de la empresa, que se encuentra cerca del 55%. Si ese ratio alcanza el 67%, la empresa entraría en causal de insolvencia, lo que obligaría a una intervención o liquidación.
Una medida de este tipo implicaría inyectar recursos equivalentes al 0.8% del PBI del Perú (US$2,000 millones frente a un PBI de US$250,000 millones).
El Ministerio de Economía prefiere la opción del aval para no presionar aún más las cuentas fiscales.
Inestabilidad en la gestión
Además de la crisis financiera, Petroperú enfrenta inestabilidad en su dirección. Con la reciente designación de Roger Arévalo como nuevo presidente del directorio, la empresa suma 13 presidentes en menos de cinco años, lo que refleja dificultades en la continuidad de la gestión.
El ministro de Economía, Rodolfo Acuña, y el jefe de Estado, José María Balcázar, deben definir en los próximos días el mecanismo de apoyo para evitar que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de abastecimiento.
Lo que está en juego
Si Petroperú detiene la producción en Talara y Conchán, el país enfrentaría desabastecimiento de gasolina, diésel y otros derivados. El mercado de hidrocarburos peruano depende en gran medida de la producción de la estatal. Una interrupción generalizada impactaría el transporte, la generación eléctrica y la industria.