Con 11 votos a favor y 10 en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó la acusación en contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de traición a la patria. El mandatario afronta una eventual inhabilitación de cinco años en el ejercicio de la función pública, con lo cual podría dejar el cargo.
Con el informe final aprobado en esta primera instancia, el reglamento del Congreso señala que se deberá conformar «una Subcomisión Acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.
Antes de llegar al pleno del Congreso, la acusación debe ser expuesta y aprobada en la Comisión Permanente. De prosperar, se procedería a sancionar al presidente Castillo con cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
En consecuencia, el mandatario estaría imposibilitado legalmente para continuar su gobierno, por lo que lo sucedería en el cargo la vicepresidenta Dina Boluarte. Sin embargo, tampoco existen garantías de que Boluarte, también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pueda asumir la presidencia.
Como se recuerda, en el Legislativo está en curso una acusación constitucional contra la ministra Boluarte por haber realizado trámites como presidenta de un club departamental cuando ya ejercía su cargo en el actual gobierno. En este sentido, también se ha recomendado su inhabilitación.
¿Por qué se le acusa al presidente por traición a la patria?
La acusación por traición a la patria se sustenta en las declaraciones presidente Pedro Castillo brindó la medio internacional CNN. En entrevista con el periodista Fernando del Rincón para el programa Conclusiones, donde propuso una eventual salida al mar para Bolivia.
«Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera».
Pedro Castillo, presidente de la República
El informe final, que cuenta con 89 páginas, sostiene que la declaración «vulneraría mandatos constitucionales» comprendidos en artículos 32, 54, 110, 118 de la carta magna, por lo que recomienda «acusar por antejuicio político al investigado, en su condición de presidente de la República, como presunto autor del delito de Traición a la Patria» e inhabilitarlo «por cinco años para el ejercicio de la función pública«.