Este martes 21 de junio desde las 9:30 a.m. el tribunal de la Corte Superior de Justicia de Sullana revisará en segunda instancia el pedido para la transferencia forzosa de un gasoducto de uso propio que abastece de este hidrocarburo a la central térmica de Malacas, en Talara, propiedad de Enel Generación Piura desde 1996.
La empresa eléctrica confía en que hoy los tres jueces de Sullana evalúen a detalle el caso.
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Enel tiene la propiedad de dicho gasoducto desde 1996, cuando fue adquirido al Estado Peruano. La sentencia dictada por el juez José Efraín Carrasco Villegas, encargado del caso en primera instancia, supuso la aplicación retroactiva de una norma del 2008, lo que no es posible bajo la ley peruana.
Inclusive, el Ministerio de Energía y Minas, en el año 2016, determinó en forma definitiva que el ducto de Enel Generación Piura no puede ser transferido forzosamente a ningún concesionario de gas.
En ese sentido, Rigoberto Novoa, gerente general de Enel Generación Piura, señaló que confía en que los jueces de la Corte de Sullana evaluarán el caso y todos los argumentos de Enel en torno al derecho a la propiedad del ducto.
“Estamos defendiendo nuestro derecho a la propiedad. Somos propietarios del ducto desde 1996 y no pueden quitárnoslo con una norma del 2008. La ley no es retroactiva”, enfatizó.
Formalización ante el Poder Judicial
Agregó que este litigio, en lo que atañe a Enel, se puede resolver si los representantes de Gastalsa formalizan ante el Poder Judicial lo ya señalado en sus declaraciones ante medios de comunicación.
“Los representantes de Corporación Uno, socios de Gastalsa, y también el señor García Niño, representante de Gastalsa, han reconocido el ducto de la central Malacas como de uso propio de Enel. Desde aquí los exhorto a que procedan a hacer la formalización ante el Poder Judicial. De esa manera los problemas estarían solucionados”, dijo Novoa.
Cierre provocaría la pérdida de S/20 millones anuales
El cierre de Malacas provocaría la pérdida de alrededor de 400 puestos de trabajo asociados a la operación de la central térmica, que incluye contratos con empresas contratistas que ascienden a unos 20 millones de soles anuales.
De igual manera, se cerrarían los programas sociales en salud, educación y medio ambiente que Enel viene desarrollando en la región y que tienen más de 15 mil beneficiarios en Talara.
Además se perdería el aporte que realiza la empresa al fisco por el pago de impuestos, monto que alcanza los 14 millones de soles al año.
Operaciones petroleras podrían cerrar
Debido a que actualmente Enel Generación Piura consume cerca del 90% del gas que se produce en la zona, el cese de operaciones de la central también obligaría a los principales operadores petroleros de la región a reducir significativamente sus actividades extractivas y, en el extremo, cerrar sus operaciones en el corto plazo, ya que no sería sostenible que venteen o quemen volúmenes tan grandes de gas natural no comercializado, dado que tienen una capacidad limitada de reinyección.
“Esto generará también un problema medioambiental. Son 25 millones de pies cúbicos de gas natural al día los consumidos por Malacas. Una gran parte de esta cantidad de gas sería liberada al ambiente o quemada hasta que los productores logren reestructurar sus operaciones”, finalizó Novoa.
