Los peruanos se encuentran en una encrucijada determinante en esta segunda vuelta electoral que tendrá lugar en el próximo domingo 7 de junio. Luego que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara oficialmente que los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú serán los que disputarán la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente de la República, los ciudadanos deben elegir entre dos modelos económicos diametralmente opuestos para dirigir el país.
En Infomercado analizamos a fondo el escenario económico que enfrentan los emprendedores peruanos ante una contienda que presenta dos visiones de país que marcan horizontes distintos.
Fuerza Popular y la Licencia 0
Por un lado, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, plantea un modelo de «capitalismo popular» que busca dinamizar la economía mediante un shock desregulatorio y la digitalización agresiva de los servicios públicos. Su propuesta estrella, la «Licencia 0«, pretende que cualquier Mype de riesgo bajo o medio inicie operaciones de forma inmediata con solo una declaración jurada, eliminando las barreras municipales que históricamente han empujado al emprendedor a la clandestinidad administrativa y la corrupción de los trámites.
Este enfoque se complementa con una meta ambiciosa de bancarización, aspirando a que el 40% de las microempresas accedan a crédito productivo, apoyándose en programas de factoring y un presupuesto garantizado de S/ 1,000 millones anuales para Compras MYPErú. El capital semilla para aquellos que inician un negocio y financiamiento crediticio para mujeres emprendedoras resaltan en la parte económica de su plan de gobierno.
Desde el lado digital, Fuerza Popular plantea la creación del Programa «MYPE Digital» para lograr que el 70 % de las microempresas utilicen e-commerce y pagos digitales al 2030. Además, propone la Ventanilla Única Digital Nacional, la cual utilice la inteligencia artificial para que el 80 % de los trámites empresariales se realicen en línea, con supervisión algorítmica para evitar la discrecionalidad de los funcionarios.
Juntos por el Perú y la justicia fiscal
En la acera opuesta, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, propone una «soberanía productiva» que implica una ruptura estructural con el modelo económico vigente desde hace tres décadas. Su plan se centra en la industrialización nacional y la justicia fiscal, sugiriendo la creación de impuestos a las grandes fortunas y a las rentas extraordinarias para financiar el desarrollo técnico de los pequeños productores.
Sánchez apuesta por el modelo cooperativo como herramienta de defensa frente a los oligopolios y plantea una intervención directa del Estado en el mercado financiero a través del Banco de la Nación, buscando regular las tasas de interés mediante la competencia pública. Además, propone reformas transversales como el procesamiento local obligatorio de minerales, intentando alcanzar una transición desde una economía meramente extractiva hacia una de valor agregado industrial.
Hacia las mypes, Juntos por el Perú coloca su propuesta en convertir a los pequeños productores en el eje de una industria nacional sólida y descentralizada, impulsando la creación de 20 nuevos Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) y la promoción de complejos industriales regionales y sustitución de importaciones estratégicas para fortalecer el mercado interno.
Dos caminos, una elección
El contraste entre ambas propuestas define el futuro del flujo de caja del emprendedor peruano desde perspectivas radicalmente opuestas. Mientras Fujimori se enfoca en la «facilitación”, modernización y simplificación de trámites, asumiendo que al quitarle el peso del Estado de encima y digitalizar los procesos, la Mype crecerá por su propia inercia de mercado, Sánchez se enfoca en la «protección y dirección», bajo la premisa de que un Estado más activo recupera su rol regulador y debe guiar la producción y redistribuir la riqueza para que el pequeño productor sea competitivo ante las grandes corporaciones.
Al profundizar en las medidas para el sector de medianas y grandes empresas, Fujimori propone la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con beneficios tributarios para la manufactura de alto valor y un shock desregulatorio que reduzca en un 40% el tiempo de tramitación de grandes proyectos. Sánchez, en cambio, plantea la renegociación de contratos en sectores estratégicos como el gas y la minería, eliminando exoneraciones tributarias que, según su plan, han beneficiado históricamente solo a los grandes exportadores.
Perspectiva de las mypes
Al confrontar estos planes con la realidad del sector empresarial, surgen advertencias críticas de quienes operan en el día a día del mercado. En Infomercado entrevistamos a Daniel Hermoza Negreiros, presidente de Mypes Unidas del Perú (MUP), quien advierte que, si bien la desregulación de Fujimori es positiva, no soluciona el problema de fondo que es la falta de capital y conectividad.
El líder gremial revela que la informalidad en el Perú no es solo una falta de papeles, sino una estrategia de supervivencia; actualmente, el promedio de permanencia en la informalidad es de cuatro años, y en el sector comercio puede llegar a diez años debido a los altos costos de formalizarse y mantenerse en el sistema tributario.
Hermoza aterriza el debate señalando que, en los últimos años, la «mortandad empresarial» ha alcanzado niveles críticos, con casi medio millón de Mypes dándose de baja ante la Sunat. Explica que la baja del RUC se ha convertido en un «salvavidas»: cuando las ventas caen y las obligaciones estatales no perdonan, el emprendedor se refugia en la informalidad para recapitalizarse, aprovechando que una gran parte del mercado no exige factura. Esta «informalidad de supervivencia» es una realidad que el plan de Juntos por el Perú parece ignorar al proponer una «formalización con derechos» que, según el gremio, podría ser el contraproducente para muchos negocios que no soportarían mayores costos laborales.
Banco de la Nación y créditos
Respecto a la propuesta de Roberto Sánchez sobre el Banco de la Nación, Hermoza Negreiros se muestra escéptico y la califica como un «buen cuco» que se viene escuchando hace 30 años pero que ningún gobierno ha concretado por la gigantesca inversión que requeriría. Para el gremio, la verdadera solución al crédito es generar fondos de garantía similar a lo que fue Reactiva durante la pandemia, pero diseñados exclusivamente para la microempresa. Alertan que el vacío dejado por la banca tradicional hoy es ocupado por mafias del crédito «gota a gota», que han mutado hacia estrategias de fidelización peligrosas ante la inacción del sistema formal.
En cuanto a la tecnificación, Fujimori propone una Ventanilla Única Industrial con inteligencia artificial para eliminar la discrecionalidad del funcionario público, mientras que Sánchez propone la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Para Mypes Unidas del Perú, el problema no es la falta de instituciones, sino que las actuales «no conversan entre ellas». Hermoza critica que hoy el sector Mype sea la «cenicienta» del Ministerio de la Producción y sugiere que la solución real es un «Superministerio de la Mipyme» que unifique comercio exterior, empleo y producción.
Las cooperativas vs la competencia
Otro punto de fricción es el modelo asociativo; mientras Sánchez apuesta por el cooperativismo para enfrentar a los oligopolios, el gremio señala que el emprendedor peruano es por naturaleza individualista y ve en su vecino a una competencia antes que a un aliado. Para Hermoza, el modelo cooperativo es conceptualmente interesante pero culturalmente difícil de imponer en el corto plazo sin un trabajo social profundo. En su lugar, ve con mayor interés la propuesta de parques industriales tecnológicos de Fujimori, siempre y cuando exista la voluntad política real de implementarlos, algo que ha fallado sistemáticamente en gobiernos anteriores.
Sobre la propuesta de Sánchez de prohibir la exportación de mineral bruto para forzar la industrialización, el análisis gremial es tajante: es una promesa irrealizable en el contexto actual por la falta de infraestructura siderúrgica y el inmenso capital necesario. Hermoza considera que estas propuestas son «conceptualmente un gran deseo», pero que escapan a la realidad de un país que aún no ha logrado dar los pasos básicos para una industria metalmecánica competitiva. Para el emprendedor, estas metas a 50 años no solucionan la urgencia de pagar la planilla a fin de mes ni los costos logísticos del presente.
El motor de 4 bujías
Lo más destacado de la entrevista a Hermoza es su metáfora del «motor de cuatro bujías«. Explica que el Estado peruano desactivó instituciones clave de promoción como PromPyme y Prompex, dejando al motor del desarrollo funcionando solo a la mitad. Su demanda es que el próximo gobierno «vuelva a encender las bujías» de la promoción empresarial en lugar de crear más burocracia asistencialista. El gremio mype rechaza ser visto como un brazo del bienestar social del Estado, exigiendo en su lugar ser tratados como el motor económico que genera el verdadero valor y empleo en el país.
El presidente de MUP también enfatiza que la reciente legislación para el sector ha sido un fracaso porque los congresistas legislaron a espaldas de los gremios. De hecho, han solicitado que la última Ley Mype no se reglamente debido a sus múltiples inconsistencias que terminarían perjudicando al sector en lugar de ayudarlo. Esta desconexión es, quizás, el mayor riesgo para cualquier plan de gobierno: la tendencia de la clase política a diseñar soluciones de escritorio para problemas de asfalto que no terminan de comprender.
La línea roja que no se debería cruzar
En cuanto al impacto regional, Hermoza advierte que las compras estatales deben dejar de centralizarse en Lima. Critica que programas como Compras MyPerú terminan favoreciendo a las empresas de la capital por su cercanía con los funcionarios, desplazando a las mypes manufactureras de provincias. Propone que los criterios de adjudicación incluyan indicadores de pobreza y desempleo regional, algo que ni el plan de Fujimori ni el de Sánchez han detallado con la precisión técnica que el gremio exige.
Para el emprendedor de a pie, la línea roja está trazada: no aceptarán que el Estado les traslade responsabilidades que no les corresponden, como el cierre de brechas sociales mediante el incremento de tributos o cargas laborales insostenibles. Negreiros es claro al decir que el Perú es un «país próspero pero desigual en oportunidades», y que el rol del próximo presidente debe ser el de un «Estado Promotor» y no el de un ente regulador que asfixie al privado con normas redactadas desde el desconocimiento.
Finalmente, la elección entre la continuidad optimizada de Fujimori o la ruptura sistémica de Sánchez determinará si el microempresario peruano competirá en un ecosistema digital y desregulado o en uno industrializado y tutelado por el Estado. Gane quien gane, la verdadera victoria para las Mypes será lograr que, por primera vez en décadas, el gobierno de turno los llame a la mesa de decisiones no como invitados, sino como los protagonistas del desarrollo nacional.