El informe “The Air Quality Life”, de la Universidad de Chicago (AQLI por sus siglas en inglés), comunica que “todos los habitantes de Lima pierden en promedio 2.2 años de vida solamente por contaminación vehicular”, pero no solo eso, sino que también le cuesto un monto millonario a todos los peruanos.
Esta tesis se apoya también en la cifras del Ministerio del Ambiente (Minam) que indica que el 58 % de la contaminación por material particulado (conocido como PM 2.5) es generado por el parque automotor, principalmente producido por buses y camiones que cuentan con 15 o más años de antigüedad.
Ellioth Tarazona, gerente técnico de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), hizo hincapié que el mismo gobierno americano mediante la Agencia de Protección Ambiental ya envió un reporte al Estado peruano que indica que los altos niveles de contaminación por material PM 2.5 ocasiona más de 10,000 muertes al año solo en Lima y Callao a un costo de US$ 12,800 millones.
Plan Nacional de Electromovilidad
Además, Tarazona comentó que desde la AAP se ha venido impulsando el “Plan Nacional de Electromovilidad”, el mismo que ya se presentó con anterioridad al Gobierno con la finalidad de promover una movilidad eficiente para la actividad humana y sostenible con el ambiente.
Durante su presentación en el Congreso Transporte Sostenible 2023 explicó los tres ejes del «Plan Nacional de Electromovilidad».
Tarazona dijo que el primer eje es la creación del Fondo Nacional de Electromovilidad para reglamentar la infraestructura de carga y abastecimiento, las inspecciones técnicas vehiculares para los vehículos electrificados y reglamentar disposición de las baterías de los vehículos eléctricos.
Del mimsmo modo, el segundo eje propone establecer incentivos operativos, cuyo propósito es implementar los sistemas de carga pública para vehículos eléctricos, eliminar las restricciones a la circulación e implementar estacionamientos con cargadores.
Y, finalmente, el terce eje es trabajar en los incentivos tributarios como la exoneración del ad valorem, del impuesto general a las ventas (IGV) y del impuesto al patrimonio vehicular por un plazo de seis años como mínimo, tal como ya se hace en otros países del mundo, sostuvo Tarazona.