De las 50 empresas prestadoras de agua y saneamiento del país, 38 no facturan al menos el 30% del agua que producen, principalmente por fugas y conexiones clandestinas, según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE). En seis de ellas, esta proporción supera el 50%: los casos más críticos son Agua Tumbes (69.9%), EPS Grau en Piura (62.5%) y Sedaloreto (60.5%).
A esta ineficiencia se suman fallas en la medición del consumo —en 13 prestadoras, menos de la mitad de las conexiones cuenta con medidor— y una situación financiera frágil: en 13 empresas los costos operativos superan a los ingresos y 20 de las 50 se encuentran bajo administración del OTASS por problemas de gestión que comprometen su sostenibilidad. El IPE advierte que estas debilidades reducen la capacidad de las empresas para mantener sus redes y financiar nuevas inversiones, lo que limita el cierre de las brechas de acceso.
Una cobertura que retrocede
El acceso al agua por red pública prácticamente no avanzó en la última década. Entre 2017 y 2025, la población atendida aumentó en cerca de 2.5 millones de personas, de 24.7 a 27.1 millones, según los Censos de Población y Vivienda del INEI.
Pero ese aumento no alcanzó para seguir el ritmo del crecimiento poblacional: la cobertura nacional cayó de 83.9% a 83.3%. Como resultado, más de 5 millones de peruanos siguen sin acceso al servicio, casi 670,000 más que en 2017.
El rezago se concentra en las ciudades. La cobertura urbana bajó de 90.5% a 88.7% entre 2017 y 2025, con más de 700,000 personas adicionales sin el servicio; hoy más de la mitad de quienes carecen de agua por red pública vive en zonas urbanas.
En el ámbito rural, en cambio, la cobertura subió de 58.9% a 61.1%, favorecida por un menor crecimiento poblacional.
Según cálculos del IPE, en 2025 casi dos de cada tres viviendas urbanas eran informales, lo que encarece y dificulta la ampliación de las redes. En las zonas periurbanas de Lima Metropolitana y Callao, el costo unitario de una nueva conexión puede ser hasta 25 veces mayor, de acuerdo con datos de la Sunass.
Las diferencias regionales son amplias: Callao, Lima Metropolitana, Apurímac y Moquegua superan el 90% de cobertura, mientras Loreto (46%), Puno (59%) y Ucayali (64%) están entre las regiones con menor acceso.
Entre 2017 y 2025, la cobertura retrocedió en 14 de las 26 regiones, con las mayores caídas en Madre de Dios (-11.5 puntos porcentuales), Tumbes (-10.5 pp), Lambayeque (-10.3 pp) y Loreto (-9.3 pp).
Tener conexión no garantiza calidad
A nivel nacional, la proporción de personas que no recibe agua todos los días bajó de 13.5% a 12.2% entre 2017 y 2025. Sin embargo, en Tumbes esta cifra llega a 47%, en Piura a 39% y en Ica a 37%, frente a menos de 5% en Callao, Lima Metropolitana y Tacna.
La población que recibe agua menos de 12 horas al día bajó de 31% a 27% a nivel nacional, pero el indicador empeoró en cinco regiones, con los mayores retrocesos en Tumbes (+10 pp), Junín (+8 pp) y Lambayeque (+5 pp).
La brecha más crítica es la de agua segura: en 2025, solo 41.7% de la población peruana accedió a este servicio y, en 13 regiones, menos de uno de cada cinco habitantes lo tuvo.
En la Amazonía, salvo Madre de Dios (72%), todas las regiones registraron coberturas menores al 20%; Loreto alcanzó apenas 7.3% y Amazonas, 12.3%.
Estas brechas coinciden con diferencias de competitividad: las cinco regiones mejor ubicadas en el INCORE 2026 tienen, en promedio, una cobertura de agua cercana al 90%, frente a poco más de 60% entre las cinco últimas. En agua segura, la diferencia es de 54% frente a 15%.
El factor electoral
De cara a las elecciones subnacionales de octubre, el cierre de las brechas de agua y saneamiento se perfila como un tema pendiente en la agenda de los candidatos. Los gobiernos regionales tienen responsabilidades en la planificación, articulación y financiamiento de inversiones, mientras los gobiernos locales cumplen un rol en la prestación del servicio y el ordenamiento urbano.
Al cierre de agosto de 2026, 8 gobiernos regionales habían ejecutado menos de la mitad de su presupuesto destinado a saneamiento urbano y rural.
Para el IPE, cerrar las brechas más rápido requiere frenar la expansión urbana informal, mejorar la capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales, fortalecer la gobernanza de las prestadoras, consolidar un marco institucional sólido y ampliar la participación privada, que puede aportar capital, capacidad de gestión y mejores incentivos.