El Poder Ejecutivo presentó el viernes 28 de agosto ante la Cámara de Diputados su pedido de facultades legislativas, un paquete de 66 medidas por un plazo de 120 días que incluye, en el capítulo de reforma y modernización del Estado, un incentivo económico para los servidores públicos que decidan renunciar voluntariamente. El Gobierno contempla entre 2,500 y 10,000 renuncias bajo este mecanismo.
¿Cómo se calcularía el incentivo y quiénes podrían acceder?
Según la exposición de motivos, el beneficio equivaldría a una remuneración y media por cada año completo de servicios, con un tope de 12 remuneraciones. Un trabajador con un sueldo mensual de S/ 4,000 y 5 años de servicio recibiría S/ 30,000 (7.5 remuneraciones); con 10 años, el cálculo llegaría a 15 remuneraciones, pero al aplicarse el tope, el pago sería de S/ 48,000.
El texto del proyecto establece: «Establecer incentivos económicos de carácter voluntario, equivalente en su cálculo a la protección reconocida en el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728, dirigido a los servidores que opten libremente por su salida».
El Ejecutivo precisa además que la delegación «no comprende, en ningún caso, la facultad de disponer el despido o destitución de los trabajadores que gozan de estabilidad laboral, cuya situación jurídica permanece resguardada».
El incentivo estaría dirigido a servidores bajo el régimen CAS (Decreto Legislativo 1057) a plazo indeterminado, trabajadores nombrados del Decreto Legislativo 276 y trabajadores del régimen 728 a plazo indeterminado.
El proyecto no detalla, por ahora, el procedimiento para acceder al beneficio ni el cronograma de pagos; esos aspectos quedarían para la norma que se emita al amparo de las facultades delegadas.
La propuesta busca reorganizar la planilla estatal y sincerar las plazas efectivamente necesarias, en un contexto en el que dentro de una misma entidad conviven trabajadores sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057 (CAS), además del régimen del Servicio Civil de la Ley 30057.
El costo fiscal según el propio Ejecutivo
Para dimensionar el impacto, el Gobierno maneja dos escenarios. En el de menor alcance (2,500 renuncias), el gasto en incentivos sería de S/ 220.1 millones, con un ahorro acumulado en tres años de S/ 291.9 millones.
En el escenario más amplio (10,000 renuncias), el costo ascendería a S/ 886.9 millones, mientras que el ahorro acumulado en tres años llegaría a S/ 1,180.4 millones.
Un paquete de 66 medidas en ocho materias
El pedido de facultades —aprobado un día antes por el Consejo de Ministros— agrupa las 66 solicitudes en ocho materias: seguridad ciudadana y orden interno, gestión del riesgo de desastres (incluida la atención a emergencias del fenómeno El Niño), micro y pequeña empresa, promoción del empleo, desarrollo productivo, materia tributaria y aduanera, simplificación administrativa, y reforma y modernización del Estado.
El documento presentado consta de 20 páginas. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Ejecutivo cumplió el plazo «antes de los 30 días» desde su instalación, un tiempo menor, afirmó, al que emplearon gestiones anteriores.
Hasta el 30 de agosto, tres días después de su presentación, el pedido de facultades aún no había sido derivado formalmente a la Comisión de Constitución y Reglamento pese a la urgencia planteada por el plazo de 120 días solicitado, de acuerdo con reportes parlamentarios.