La industria de los influencers –personalidades capaces de influir en el comportamiento y elección de las personas a través de las redes sociales– ya mueve miles de dólares en el Perú.
De acuerdo con Daniel Herrera, director digital de la agencia Carne, los ‘influencers’ con una base de seguidores más pequeña pueden ganar por publicación entre US$300 y US$500, mientras que los ‘top’ llegan a facturar hasta US$5.000 por contenido patrocinado.
Sin embargo, un gran problema de esta práctica, que impacta a los usuarios de Instagram, Facebook y YouTube, es no tener claridad de cuándo la publicidad es pagada o genuina.
En este contexto, Indecopi empezó a preparar desde comienzos de abril una guía digital para recomendar prácticas de transparencia a los influencers locales, con el objetivo de que sus contenidos patrocinados puedan ser diferenciados.
Abelardo Aramayo, secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi, precisó a este Diario que el cuarto trimestre de este año se tendrá el texto final de ese documento, en el cual se definirá qué es un influencer.
Pero explicó que, sin perjuicio de las definiciones, la entidad ya investiga toda forma de comunicación emitida en el entorno digital y que involucra a una persona presentando los beneficios de un producto o servicio.
“Estamos monitoreando el mercado permanentemente, pero a la vez impulsamos una política de informar. Muchos no son conscientes de que podría haber una infracción [en casos de patrocinios que no sean explícitos]. Ahí entra la guía”, señaló.
Aramayo detalló que ya existe la legislación general –Ley de Represión de la Competencia Desleal– que tiene un artículo referido a la publicidad testimonial, en el cual se establece como un acto de engaño aquella promoción “no sustentada en experiencias auténticas y recientes de un testigo”.
Así, se buscará que esa ley se cumpla y los influencers sean conscientes de lo que deben hacer.
Respecto a las multas, el funcionario de Indecopi explicó que ya se tienen casos en investigación que involucran al beneficiario último —las marcas que se promocionan— y a los influencers, pero todavía no se han impuesto sanciones por conceptos de publicidad testimonial mal sustentada.
«Las sanciones parten de una amonestación, un llamado de atención, hasta las 700 UIT (S/2’940.000). Para graduar la sanción, se tiene en consideración el beneficio ilícito y el monto de beneficio del que ha realizado el acto.
Si tiene un beneficio de S/1.000, no es factible una multa de 20 mil. […] De otro lado, los influencers, que vendrían a ser medios de comunicación, serían responsables por su rol en la configuración de medios», remarcó.
