El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso de la República facultades para legislar y entregar proyectos de inversión pública a empresas privadas, con el objetivo de reducir costos, para la atención de la emergencia sanitaria por el Covid-19 en Perú.
El esquema sería similar a la ejecución de Convenios de Administración de Recursos. Es decir, el sector privado recibiría un proyecto viable y devolvería al Estado un servicio funcionando.
“Evitaríamos los costos administrativos propios de una diversidad de procesos, eliminaríamos el incentivo a ampliaciones de plazo e incentivarían el cumplimento de obras, generando un mercado privado de servicios”, señala el documento presentado al Legislativo.
El proyecto de ley 4895/2020-PE tiene amparo constitucional, por el artículo 76 de la carta magna, donde se establece la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señalado en la Ley de presupuesto sea por concurso público.
La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.
