El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó mediante el documento Evolución de la Pobreza Monetaria, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), los datos reales de cómo ha variado la pobreza en el Perú en los años 2019, 2020, 2021 y 2022.
En el 2019, año prepandemia, la pobreza monetaria afectó al 20.2% de la población peruana; es decir, a 6,490 millones de personas, con un 40,8% de población en el área rural y 14,6% en la urbana. Mientras que la pobreza extrema perjudicó al 2.9% (931,8 mil personas), de los cuales la mayoría se encontraba en el área rural.
Para el 2020, y debido a las complicaciones que el covid-19 trajo al país, las cifras de pobreza aumentaron un 9.9%: en ese año el 30.1% de peruanos era pobre. De ese total, el 45.7% eran de las zonas rurales, mientras que el 26% eran de las urbanas. La pobreza extrema también aumentó al 5.1% (1’663,9 mil personas).
En el año 2021, la pobreza monetaria afectó al 25.9% de la población del país, nivel menor en 4,2 puntos porcentuales al compararlo con el año 2020; es decir, se calcula que tres de cada 10 peruanos era pobre. Mientras que la pobreza extrema damnificó al 4.1% de los peruanos.
Los últimos datos del INEI demuestran que, en el 2022, la pobreza habría alcanzado al 30% de la población, pero el Gobierno espera que en los próximos siete años se vea una reducción significativa de pobres en el país.
¿Cómo reducirá el Gobierno la pobreza?
El Gobierno anunció la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS), con la cual esperan reducir esta brecha al 20%.
«Hemos fijado cinco objetivos priorizados y 12 indicadores emblemáticos para enfrentar la pobreza que se debe reducir a menos del 20 % de la población hacia el 2030″, dijo Julio Demartini, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Esto se contempla, principalmente en la entrega de 81 servicios dirigidos al logro del desarrollo infantil temprano; el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niños y adolescentes; la inclusión económica de jóvenes y adultos; la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores; y la optimización de las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social, con los enfoques de derechos humanos, desarrollo humano, género, interculturalidad, discapacidad, entre otros.