De acuerdo al Comité de Pesca de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la reciente aprobación de la ley que establece siete años de cárcel por realizar actividades ilícitas en el sector pesquero no mitigará la «pesca negra» o desvío de la pesca que debería estar destinada al consumo humano directo.
Alfonso Miranda, presidente del referido comité, indicó que han denunciado ante las autoridades del Gobierno, la existencia de por lo menos 50 plantas dedicadas a la pesca negra, las cuales procesan en conjunto alrededor de 100 mil toneladas de recursos hidrobiológicos al año (US$ 150 millones).
Miranda precisó que está situación ya ha sido dada a conocer a las diversas autoridades encargadas de la supervisión, fiscalización y sanciones, así como a los gobiernos regionales.
Por otro lado, Mirando sostuvo que han entregado a las autoridades la ubicación con los videos y georreferencias de esas plantas, las cuales operan en el litoral en las provincias de Paita (Piura), El Santa (Áncash), Pisco (Ica) y en el Callao.
Estos establecimientos están lejos de cumplir con las normativas de carácter ambiental, sanitario, laboral, tributario o administrativo, pero siguen actuando bajo la impunidad, y que la Ley 31662 recientemente aprobada por el Congreso no resolverá la problemática.
Por último, sostuvo que la crítica a la referida norma radica en que no persigue a la pesca negra, sino que criminaliza a los pescadores artesanales, muchos de los cuales están en proceso de formalización.
