Hubo novedades referentes a materia de libre competencia en 2023, tales como la modificación del Código Penal para considerar delito solo a los “carteles duros”, o la imposición de una multa récord (mayor a S/4.2 millones) por obstaculización de labores inspectoras del Indecopi.
Según Ivo Gagliuffi, socio encargado del Departamento de Competencia, Regulación Económica y Propiedad Intelectual de Garrigues, para este 2024 se perfilan dos regulaciones importantes en particular: la consolidación del régimen de control previo, y la Guía de consorcios inusuales.
Tercer año del régimen de control previo
Este 2024, la Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial cumplirá tres años de vigencia. En sus dos primeros años, este régimen que aplica Indecopi procesó 36 solicitudes de fusiones o adquisiciones.
Asimismo, la entidad resolvió estos pedidos en un plazo promedio de 44 días hábiles, según el informe brindado por Garrigues y la Cámara de Oficial de Comercio de España en el Perú.
Según Gagliuffi, este 2024 se espera que el número de operaciones notificadas sea más alto que años anteriores. Además agregó que los lineamientos para la calificación y análisis de las operaciones de concentración empresarial serán de utilidad para entender estos procesos.
Una guía para identificar de consorcios “inusuales” y “deseables”
Se estima que Indecopi publique la versión final de la Guía para Identificar Consorcios Inusuales en las Contrataciones Públicas. Se trata de un conjunto de orientaciones para el sector público y privado sobre características y modalidades de prácticas anticompetitivas al contratar con el Estado.
Según Gagliuffi, considera que el documento será de gran importancia para las empresas, pues les servirá a este sector para tener claro cuándo y cómo puede consorciarse. Además, muchos privados se han consorciado analizando casi intuitivamente si sus prácticas son sospechosas o no, corriendo el riesgo de ser confundidos con un cartel.
Asimismo, agregó que el documento será útil para el sector público porque permitirá que las entidades tengan las herramientas para detectar si un consorcio se está empleando para implementar un pacto de no competencia entre postores.
