El saldo de créditos a microempresas cayó 12.9% en el último año, de S/4,876 millones en junio de 2025 a S/4,246 millones en junio de 2026, mientras la morosidad del segmento subió a 5%, cerca del máximo histórico de 5.7% registrado en 2023, según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El retroceso ocurre justo cuando el país se prepara para un nuevo Fenómeno El Niño (FEN 2026-2027).
Según reportó Comex Perú en su análisis, los episodios de mayor morosidad en microempresas han coincidido históricamente con periodos de fuerte afectación climática: la tasa pasó de 3.4% en 2017 —año de El Niño costero— a un máximo histórico de 5.7% en 2023, durante el FEN de ese año. Descendió a 3.9% en 2025, pero volvió a subir hasta 5% en junio de 2026, lo que sugiere una relación entre los choques climáticos y la capacidad de pago de este segmento.
Al interior de la cartera, la caída no es uniforme. Los créditos vigentes —los que se pagan sin atrasos relevantes— bajaron 14.1%, de S/4,669 millones a S/4,012 millones.
En cambio, los créditos refinanciados o reestructurados, que son aquellos cuyas condiciones deben modificarse porque el deudor no puede cumplir lo pactado, crecieron 39.9%, de S/15 millones a S/21 millones. Los créditos atrasados subieron 11%, de S/192 millones a S/213 millones. Del total de créditos otorgados por la banca múltiple a junio de 2026, el 58.9% correspondió a créditos empresariales.
Aunque el comercio (44.1%) y los servicios (42.3%) concentran a la mayoría de las microempresas del país en 2025, según el Ministerio de la Producción (Produce), las vinculadas a actividades como el agro tienen mayor exposición a las condiciones climáticas. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los eventos climáticos adversos pueden afectar el desempeño financiero de estas empresas y, con ello, elevar su riesgo de incumplimiento.
La respuesta de las autoridades
Ante el FEN 2026-2027, la SBS habilitó la modificación de cronogramas de pago sin afectar la calificación crediticia de los deudores con buen comportamiento, un mecanismo que recoge la experiencia aplicada en los episodios de 2017 y 2023 y que busca evitar que una dificultad temporal de liquidez derive de inmediato en un deterioro de la clasificación del deudor.
Esta medida tiene, sin embargo, un alcance limitado: una reprogramación modifica el calendario de pago, pero no recupera los ingresos perdidos ni compensa los daños sobre la actividad productiva.
De forma complementaria, la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) planteó al Gobierno un paquete de medidas para sostener el flujo de crédito durante la emergencia, que prioriza preservar los pagos entre empresas y proveedores, y respaldar a las entidades financieras con cartera deteriorada mediante un esquema en el que Cofide o un fondo con apoyo estatal compre esa cartera, con opción de recompra en un plazo de cinco años.
La experiencia internacional apunta, además, a actuar antes del choque climático y no solo después. El Banco Mundial utiliza seguros indexados que activan pagos cuando determinados indicadores climáticos alcanzan niveles previamente establecidos, lo que permite a pequeños agricultores y microempresarios acceder a liquidez sin esperar a que el deterioro de sus ingresos se traduzca en incumplimiento.