A un mes de que el Perú impusiera derechos antidumping a las importaciones de tubos de acero laminados en caliente procedentes de China, la industria nacional advierte que ese caso debe marcar el inicio de una respuesta más rápida frente a la competencia desleal.
El motivo: todavía existen nueve casos de defensa comercial a la espera de una decisión, mientras las demoras siguen debilitando la producción, frenando inversiones y poniendo en riesgo empleos formales.
El caso de los tubos de acero muestra el costo de la demora
La investigación por los tubos de acero se inició en enero de 2025 y concluyó en julio de 2026 con la aplicación de derechos antidumping por cinco años. Es decir, tomó más de 18 meses.
Durante ese periodo, las importaciones provenientes de China aumentaron 94.7%, mientras los precios de venta de la producción nacional cayeron hasta 16.5%, con efectos sobre la participación de mercado y la rentabilidad de las empresas peruanas.
Para la industria, el problema no es solo obtener finalmente un pronunciamiento favorable, sino que este llegue a tiempo para preservar las líneas de producción, las inversiones y los empleos vinculados a ellas.
Antes de iniciar el procedimiento, las empresas pueden dedicar varios meses a recopilar la información requerida para presentar una solicitud; una vez abierto, el proceso puede extenderse por más de 18 meses adicionales.
Nueve expedientes siguen sin resolución
Según el balance del sector, tras la resolución sobre los tubos de acero quedan nueve casos de defensa comercial que continúan esperando respuesta o avanzan en distintas etapas administrativas.
Entre los expedientes públicamente identificables están los referidos a inodoros de cerámica tipo one piece, neumáticos para automóviles, cierres de cremallera, tejidos de ligamento tafetán y biodiésel, además de otros procedimientos vinculados a investigaciones, revisiones de medidas vigentes y posibles prácticas de elusión.
El impacto se extiende más allá de las empresas investigadas
Mientras los expedientes siguen su curso, las importaciones investigadas continúan compitiendo en el mercado.
Esto puede traducirse en menores ventas, capacidad instalada sin utilizar, suspensión de inversiones, reducción de turnos y pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos.
Sus efectos también alcanzan a proveedores, transportistas, distribuidores, servicios asociados y a la propia recaudación tributaria.
Silvia Hooker, gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), señaló que el sector defiende el libre comercio y la libre competencia, y que lo que se pide no es protección sino igualdad de condiciones y que las reglas se apliquen para todos los actores del mercado.
Según explicó, las medidas antidumping no buscan impedir las importaciones ni levantar barreras arbitrarias, sino corregir distorsiones cuando se demuestra que ciertos productos ingresan a precios inferiores a su valor normal y causan daño a la producción local; su objetivo es restablecer condiciones de competencia libre y leal.
Hooker agregó que una medida que llega cuando una empresa ya redujo su producción o cerró una línea pierde gran parte de su efectividad, por lo que las investigaciones deben mantener el rigor técnico sin perder la rapidez que exige el mercado.
El Perú ya cuenta con normas compatibles con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con los tratados de libre comercio suscritos por el país.
Por ello, para el sector el desafío no es crear nuevas herramientas, sino asegurar que las existentes funcionen de manera eficaz y dentro de plazos que protejan la inversión, el empleo formal y la capacidad productiva nacional.