A finales de junio, el Gobierno optó por modificar su estrategia para hacer frente al alza de precios de alimentos y combustibles.
En primer lugar, el Ejecutivo vio adecuado no prorrogar la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al diésel y las gasolinas de 84 y 90 octanos, así como del Impuesto General a las Ventas (IGV) al pollo, fideos, arroz, aceite y leche.
En lugar de las medidas anteriores, el Gobierno, mediante Decreto Supremo Nro. 07-2022-EM, amplió la inclusión del gasohol de 84 octanos, el gas licuado de petróleo (GLP) a granel, y las gasolinas de 84 y 90 octanos en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), teniendo esta norma una vigencia hasta el 30 de setiembre de 2022.
En línea con lo anterior, se redujo el límite superior de la banda del FEPC al diésel, pasando de S/ 13.50 a S/ 12.01 por galón hasta finales de agosto.
De igual manera, ante la demanda de los transportistas, sobre todo el gremio de carga pesada que inicio con las manifestaciones la semana pasada, el Gobierno indicó su disposición de incrementar de 53% a 70% la devolución del ISC durante el periodo 2023-2025, aunque la medida aún está pendiente de oficialización.
Por otro lado, respecto al precio de los alimentos el Gobierno ha decidido poner en marcha la entrega de un bono alimentario dirigido a la población en situación de vulnerabilidad ante el contexto inflacionario.
De esta forma, el Consejo de Ministros aprobó un Proyecto de Ley, que extiende un crédito suplementario de S/ 2000 millones para financiar esta disposición.
Gobierno: ¿Son buenos estos cambios?
Sabemos que el objetivo es mitigar en la medida de lo posible la afectación que produce el incremento de precios de alimentos y combustibles, por ello según Macroconsult las nuevas medidas propuestas por el Ejecutivo van en línea correcta para combatir el alza de precios.
Las medidas anteriores, como las exoneraciones de IGV a ciertos alimentos de la canasta básica, tuvieron un impacto reducido sobre los precios dadas las imperfecciones del diseño de la norma, ya que no se exoneró a toda la cadena y además porque gran parte de la venta final de estos productos se realizan a través de canales informales.
Por eso, la propuesta de entregar un bono responde de mejor manera a la necesidad actual en la medida que esta sea correctamente focalizada, es decir, entregando el beneficio a quienes más lo necesiten. Cabe señalar que las familias mas pobres destinan casi el 70% de su presupuesto a alimentos y combustibles.
De igual manera, inclinarse por ampliar el FEPC, a pesar de su alto costo fiscal, resultaría adecuado debido a que este mecanismo fue específicamente diseñado para este tipo de contextos. Además, cuenta con mayor flexibilidad para realizar ajustes en caso sea conveniente.
Finalmente, la devolución del ISC a los transportistas no obedece a ningún criterio técnico, sino más bien a uno político. Según Macroconsult, de aprobarse el incremento del porcentaje de devolución a 70%, llevaría a que se deje de recaudar S/ 7.7 millones al año.