El Congreso estableció que las empresas deberán asumir el costo de los equipos de protección personal y el costo de las pruebas contra la COVID-19.
Esta medida aplicará tanto para el sector público como el privado con el fin de garantizar la seguridad y salud del personal.
Además, la empresa deberá realizar la vigilancia epidemiológica de sus trabajadores y las pruebas que tendrán que estar acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud.
Asimismo, esta nueva disposición será aplicable cada vez que se declare un estado de emergencia sanitaria sin generar ningún costo o retención salarial a su personal.
En un plazo de treinta días calendario, contados a partir de la vigencia de la ley, el Ejecutivo deberá realizar cambios al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cabe resaltar que la iniciativa fue aprobada con 97 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones.
