La Ley General de Minería, vigente desde 1992, ha registrado impactos positivos en la economía peruana. Un claro ejemplo es el despegue del producto bruto interno (PBI) del sector minero el cual creció en 3,6 veces durante el periodo 1993 a 2018, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.
“En estos 26 años, el sector apenas registró caídas mínimas de 0,9% y 1,3% en el 2014 y en el 2018, respectivamente”, afirmó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL.
Cabe precisar que la actividad minera es el segundo sector con mayor participación en el PBI, luego de manufactura.
Inversión extranjera directa
Asimismo, la referida ley -desde su vigencia- contribuyó al sector minero a atraer mayor inversión extranjera directa (IED) el cual registró un avance de 10% promedio anual ascendiendo a US$ 5.711 millones en 2018.
“Antes de la vigencia de la norma, entre 1980-1991, estos montos no superaban los US$ 450 millones y su crecimiento promedio anual era apenas de 1,3%, con lo cual su contribución al avance de la IED era insignificante en comparación a sectores como industria y comercio que crecieron en promedio 6.2 y 10%, respectivamente”, precisó Peñaranda.
No obstante, en los siguientes ocho años (1992-1999), una vez vigente la Ley General de Minería a la par de las reformas estructurales implementadas también desde 1992, la inversión minera logró un crecimiento promedio anual de 18,2%, cuadriplicando así el máximo pico alcanzado en los años 80 y elevando su incidencia en el avance de la IED.
“En la primera década del año 2000 la IED fue alentada por el llamado súper ciclo de los minerales permitiendo que tales inversiones superen los US$ 5.000 millones en el 2010 y, pese a que su crecimiento medio anual se niveló en 10,6%, se posicionó como uno de los sectores que más contribuyó a la expansión de la IED”, refirió el economista.
Luego, entre los años 2010 y 2018, durante la desaceleración de la economía china y el ritmo de crecimiento decreciente de la peruana, la IED se tradujo en un crecimiento promedio anual de apenas 1,4%, con un tope de US$ 6.000 millones anuales.
El último año en referencia los mayores capitales tuvieron como origen el Reino Unido (41%), EE. UU. (16,7%), Brasil (12,4%), Países Bajos (7,2%) y Canadá (6,1%).
Peñaranda enfatizó que se necesita mantener el actual marco legal para la minería el cual ha demostrado que incentiva el desarrollo del sector otorgando estabilidad y predictibilidad a las grandes inversiones, que podrían evaluar migrar hacia otros países mineros con mejores condiciones institucionales.
«No obstante, al ser una actividad sensible para las comunidades –donde se ubican los yacimientos- se requiere mayor proactividad del Estado en etapas previas al inicio de los proyectos socializando sus beneficios y garantizando la preservación del medio ambiente. En la actualidad se percibe un Estado más reactivo, es decir, que actúa luego de que estallan los conflictos”, anotó.
