Carlos Casas, exviceministro de Economía e investigador de la Universidad del Pacífico, conversó con Infomercado para analizar el impacto que ha tenido las protestas en la economía nacional y cuál debería ser la posición de los nuevos gobernadores y alcaldes que asumen el 1 de enero de 2023.
¿Cuál es el impacto de las últimas protestas y cuánto afectará las proyecciones económicos del año que termina?
Todo la conflictividad social siempre afecta lo económico, los planes de inversión se están revisando y varias decisiones de consumo se están posponiendo. Además, hay grupos vulnerables como las micro y pequeñas empresas que no han podido vender lo que usualmente hacían en diciembre. Los enfrentamientos políticos de este mes están afectando de manera importante la economía porque es un tiempo de alto consumo, de gran demanda. Con todas estas circunstancias, la población está siendo muy precavida para el gasto. Sin embargo, el efecto será mínimo sobre lo que resta del 2022; ahora, si continúa la misma situación, la proyección de crecimiento del siguiente año si sería hacía la baja.
La incertidumbre ralentiza más las proyecciones económicas…
Así es. El 2023 y 2024 serán años con más incertidumbre porque son tiempos electorales y de reformas. La ralentización de la economía y las proyecciones de crecimiento a la baja puede ser una constante en el próximo año, incluso pueden entrar en terreno negativo. No olvidemos que el consumo aporta al 60% del PBI y la inversión el 20%; si el consumo baja, eso nos va a golpear en el crecimiento del PBI.
La proyección de ‘crecimiento 0’ o a la baja, ¿es una realidad irrefutable para el siguiente año?
Sí porque no se ven mejoras. Esto podría cambiar si es que las reformas políticas se encaminan bien y que los candidatos de las próximas elecciones no sean antisistema. Eso generaría más certidumbre a los inversionistas. Un panorama distinto no querrá decir que caeremos en recesión, pero creceremos muy poco, un promedio de 2% anual, lo cual es una cifra insuficiente para reducir la informalidad, la pobreza y generar puestos de trabajo. Si la cantidad de población crece 1,5% al año y el PBI solo crece 2%, esto será insuficiente para mejorar los niveles de vida de la población.
El panorama se complica porque asumen nuevos gobernadores y alcaldes que siempre tardan un año en aprender sobre gestión pública…
Sí y no. Analizaba los datos, desde el 2007, y siempre cae la inversión pública en los gobiernos subnacionales durante el primer semestre, pero no es una caída estrepitosa. Se recupera en el segundo semestre del primer año de gobierno. Lo que sí podría pasar es que algunos gobernadores tengan su agenda política y quieran enfrentarse al gobierno nacional; eso sí podría generar problemas en los distintos departamentos donde se desarrollan proyectos de inversión privada o pública.
El ex MEF, Luis Miguel Castilla propone que los nuevos gobernadores y alcaldes mantengan a los profesionales que conocen el aparato público y enfrentar mejor esa curva de aprendizaje…
Es complicada la propuesta porque no tenemos una ley de Servicio Civil, eso podría pasar pero dependerá más de un acuerdo político. Todas las nuevas autoridades siempre querrán llevar gente de su confianza. Ahora, esta realidad de sumar gente nueva es cada vez menor porque algunos gobernadores llevarán profesionales que ya han trabajado en otras gestiones regionales, hay una rotación de expertos en la gestión pública. En el terreno ideal coincido con Luis Miguel Castilla, pero dada la legislación actual y sin una ley Servir, es complicado que eso se realice.
¿Cuál debería ser la posición de los nuevos gobernadores y alcaldes con respecto a las protestas y las nuevas elecciones?
De mucha responsabilidad porque a mayor conflictividad más afectación a la calidad de vida de los ciudadanos de sus regiones. Los nuevos gobernadores y alcaldes deberían trabajar para atraer inversión y gestionar mejor el gasto y la inversión pública. Asimismo, deben ser más transparente y evitar la corrupción. Si se dedican más a los temas políticos que a los de gestión pública, la población se los va a cobrar tarde o temprano.
