El 23 de febrero de 2022, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Betzabet Chávez, publicó en el Diario Oficial el Peruano el Decreto Supremo Nº 001-2022-TR, el cual contenía una reforma en los servicios de tercerización laboral.
Frente a esto, las Cámaras de Comercio Regionales se pronunciaron a través de un comunicado, en el cual afirmaban su preocupación por los efectos «perversos» que podría traer la regularización de los servicios de tercerización.
En el documento, se manifiesta que la norma carece de fundamentos técnicos y que significa un duro golpe para los trabajadores formales que han sido contratados bajo esta modalidad. Asimismo, consideran que este decreto transgrede derechos constitucionales, tales como libertad de empresa y libertad de contratación, los cuales se reconocen en los artículos 2. 14, 59 y 62 de la Constitución Política.
El gremio considera que de aplicarse este decreto, muchos peruanos perderán sus empleos o trabajarán bajo la informalidad, dejando sin solvencia económica a sus familias. Además, manifiestan que miles de micro y pequeñas empresas formales registradas en todo el país, serán las más afectadas.
Por otro lado, en el pronunciamiento, las Cámaras de Comercio afirman que las actividades empresariales más afectadas serán la construcción, inmobiliarias, mineras, agropecuarias, de transporte, comunicaciones y de suministro de electricidad, agua y gas, las cuales son generadores de más de 100 mil puestos de trabajo tercerizados en todo el Perú.
Finalmente, exhortaban a las autoridades del Gobierno Central y el Congreso de la República, poner en primer lugar las necesidades de los peruanos que requieren trabajo decente y servicios de calidad, haciendo a un lado proyectos políticos e interés de algunos grupos minoritarios.