El juez Víctor Raúl Zuñiga suspendió la sesión donde se evaluaba la prisión preventiva de 30 meses contra Alejandro Sánchez. La sustentación de la fiscalía continuará este lunes 14 de noviembre a las 15:00 horas con la lectura de alegatos y el testimonio virtual del dueño de la casa de Sarratea.
El Ministerio Público sustentó la medida preventiva ante el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. De acuerdo a la tesis fiscal, Alejandro Sánchez habría formado de una organización criminal que operaba en la casa Sarratea, de la cual figura como propietario.
En este sentido, la fiscalía solicitó la medida cautelar de 30 meses de prisión preventiva luego de que el pasado 11 de octubre los fiscales no pudieran hacer efectiva la detención preliminar de diez días que pesaba en su contra. Ese día se llevó a cabo el allanamiento «Valquiria II«.
Dos días después, el dueño de la casa se pronunció desde la clandestinidad a través de su cuenta de Facebook:
“No voy a hacerme una auto incriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen, eso jamás, ¡sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan a la cárcel 3 años y después me digan que no tengo ningún delito”, indicó Alejandro Sánchez.
Durante el allanamiento, se hizo efectiva la detención de los ex asesores técnicos del presidente Pedro Castillo, Abel Cabrera, Biberto Castillo y Auner Vásquez. Además, de Salatiel Marrufo, exasesor de José Nenil Medina y exjefe del gabinete de asesores del exministro Geiner Alvarado.
La prisión preventiva contra Alejandro Sánchez fue solicitado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder el último 21 de octubre, sin embargo, no fue notificado hasta una semana después.
¿En qué consiste el caso Gabinete en la Sombra?
La Fiscalía apunta que los investigados conformaban una estructura criminal que tenía como finalidad obtener coimas a cambio de puestos clave. Dentro del organigrama, el dueño de la casa Sarratea, Alejandro Sánchez y Abel Cabrera, tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización, mientras que Marrufo y Vásquez eran solo coordinadores. En tanto, Castillo León cumplía el rol de operador.
Los ex asesores vienen cumpliendo prisión preventiva de 30 meses, que fue dictada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional. El único que aún no registra la medida cautelar es Alejandro Sánchez, quien permanece como no habido.
