En apenas un año, el porcentaje de peruanos que ha sido testigo del cierre o la restricción de actividades de bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias y otros negocios de su barrio como consecuencia de la inseguridad ciudadana pasó de 32% a 45%, según una encuesta de Ipsos encargada por el Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y el BCP en alianza con CHS Consultora. Así lo revela el Sexto Reporte del Observatorio, presentado este 16 de junio.
En cifras absolutas, eso significa que en solo doce meses se sumaron más de 3,200,000 personas al universo de quienes observan directamente cómo la inseguridad paraliza la economía de su entorno.
Hoy son más de 11,140,000 peruanos los que han registrado el cierre de negocios cercanos en el último año. Lima es la región más golpeada: seis de cada diez limeños reportan este impacto. Y el fenómeno no distingue por nivel socioeconómico: en el NSE AB el indicador saltó de 42% a 54%; en el NSE C, de 42% a 56%; y en el NSE DE, de 24% a 37%.
«La inseguridad no se limita al temor por la integridad física: está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos. No estamos frente a un problema puntual, sino frente a un fenómeno que está erosionando las bases mismas de la vida económica y social del país», advirtió Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y uno de los autores del reporte.
El daño en la salud mental crece en paralelo
El impacto psicológico de la inseguridad también se ha agravado. El porcentaje de la población adulta que considera que sus niveles de ansiedad y estrés han aumentado como consecuencia de la inseguridad pasó del 29% en 2025 al 36% en 2026, un incremento de 7 puntos en un solo año.
En cifras absolutas, pasó de más de 5,722,000 a más de 7,103,000 personas afectadas. El norte del país muestra el mayor repunte: 10 puntos porcentuales de incremento.
Los investigadores vinculan directamente ambos fenómenos: cuando los negocios cierran o reducen sus horarios, las familias pierden ingresos, lo que intensifica la angustia. La violencia, en este esquema, no solo afecta la integridad física sino que se convierte en un factor que merma la capacidad económica de los hogares.
La extorsión, un delito que la justicia no castiga
El reporte documenta una paradoja del sistema penal peruano: en ocho años, la población penitenciaria creció en casi 23,000 reclusos —de 85,727 a 108,372—, pero el número de presos por extorsión apenas pasó de 1,328 a 1,498, apenas 170 adicionales.
Hoy hay más presos por incumplimiento de obligación alimentaria (2,469) que por extorsión (1,498), y esa brecha se agranda mes a mes.
«La extorsión sigue siendo, para todo fin práctico, un delito impune. En ocho años, con casi 23,000 presos más en el sistema penitenciario, el número de internos por extorsión apenas pasó de 1,328 a 1,498. Es como si nada se hubiera movido», señaló Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del reporte.
La tragedia de los transportistas: 131 casos en cinco meses
El informe dedica un capítulo especial a los transportistas, el sector más golpeado por la extorsión y el sicariato. Entre enero y mayo de 2026 se documentaron 131 homicidios y homicidios fallidos contra conductores, cobradores, jaladores y pasajeros a nivel nacional, concentrados en Lima (83 casos) y el Callao (16 casos), con Piura (8), La Libertad (6) e Ica (6) bastante más atrás.
El análisis de la violencia en Lima y el Callao revela que los ataques no siguen límites distritales, sino corredores metropolitanos que conectan Lima Norte y Lima Este con un sur metropolitano más golpeado de lo que se percibía: San Juan de Miraflores y Villa El Salvador concentran la mayor cantidad de homicidios consumados.
Los ataques ocurren principalmente en horario nocturno (29 de 47 casos con horario identificado), cuando la presencia policial y la vigilancia informal son menores.
Las consecuencias económicas son directas: los transportistas con experiencia están abandonando el oficio, algunos migrando al exterior. Son reemplazados por conductores más jóvenes e inexpertos, lo que —según el reporte— explica en parte el aumento de accidentes en el sistema Metropolitano de Lima.
Un nuevo índice para medir el crimen violento
El Observatorio presenta también un nuevo Índice del Crimen Violento (IDCV), que suma homicidios y feminicidios consumados y fallidos para capturar casos donde hubo intención letal aunque la víctima sobreviviera.
Entre enero y mayo de 2026 se registraron 1,054 casos a nivel nacional, con una tendencia al alza que no se explica por un aumento de homicidios —que permanecen relativamente estables—, sino por el peso creciente de los homicidios fallidos.
A nivel provincial, la más afectada en términos relativos es San Antonio de Putina (Puno), vinculada a la minería ilegal, con una tasa de 92.89 por cada 100,000 habitantes en los cinco primeros meses del año, muy por encima de cualquier otra provincia del país.