El 26 de febrero de este año, el Gobierno aprobó el reglamento de la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo, en el que se estableció un plazo máximo de aplicación de 60 días calendarios desde su publicación, periodo que vence este 27 de abril.
Este reglamento define los derechos y obligaciones entre empleadores y trabajadores para acordar mutuamente, de manera voluntaria, la implementación de una jornada de trabajo remoto parcial (al menos un día a la semana) o completa.
No obstante, a pesar de la relevancia que cobró esta modalidad durante la pandemia y los esfuerzos por continuar promoviendo el teletrabajo, su adopción continúa siendo limitada a nivel nacional.
De acuerdo con información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el año pasado se registraron, en promedio, 226,674 teletrabajadores declarados formalmente en la planilla electrónica, aunque los resultados mensuales fueron descendiendo en los últimos meses, hasta alcanzar solo 196,170 teletrabajadores formales en enero de 2023.
En general, existe una tendencia negativa en esta modalidad laboral, debido a las iniciativas de retomar la presencialidad completa, como solía ocurrir antes de la pandemia, aunque también persisten ligeros incrementos en el teletrabajo mixto que evidencian algunos intentos de mantener parte de la flexibilidad otorgada anteriormente.
Sin embargo, de acuerdo con lo reportado en la planilla electrónica, solo se registraron 59,744 trabajadores mixtos (30.5% del total teletrabajador formal) en enero 2023. Es decir, existe preferencia por las empresas de aplicar un trabajo completamente remoto o totalmente presencial, lo cual sacrifica la flexibilidad que la nueva norma puede generar.
Por ello, los resultados a nivel general en el primer mes de 2023 continúan siendo ínfimos en relación con los 3,947,637 empleos formales a nivel nacional, de manera que el teletrabajo solo representa el 5% de los contratos formales.
Es importante considerar que, como reconoce Jorge Toyama, socio principal del estudio de abogados especializado en derecho laboral Vinatea & Toyama, en la práctica puede existir una mayor cantidad de teletrabajadores, pero que no se encuentran correctamente categorizados en la planilla electrónica o pertenecen al sector informal (no figuran en la planilla).
Por esto, desde mayo podrían observarse mayores niveles de declaración formal de teletrabajadores, sobre todo en aquellos que realizaban teletrabajo mixto, pero no lo reportaban de manera oficial.
Es importante tener en cuenta que la mayor flexibilidad de esta modalidad laboral se traduce en ganancias para el empleador y el trabajador, porque se reducen los costos de alquiler y equipamiento de oficina, mientras que el empleado ahorra tiempo y costos asociados con el transporte.
Esto es relevante si consideramos que, tan solo en Lima se pierden diariamente S/ 23.8 millones por la congestión vehicular, que en un año laboral representan S/ 5,701 millones, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Esto indica, según estimaciones previas, que cerca del 40% de la población en la capital perdía una hora y media en tráfico, tiempo que, en caso se hubiese utilizado para trabajar, habría generado cuantiosos ingresos adicionales, teniendo en cuenta el ingreso promedio por hora en la capital.
Como consecuencia, Lima se posicionó en el puesto 8 de 390 ciudades evaluadas a nivel global en materia de tiempo perdido en tráfico al cruzar las zonas con mayor tránsito vehicular en la ciudad durante 2022, según TomTom Traffic Index. La capital tuvo peores condiciones frente a lo registrado en el resto de los países de la región América Latina y el Caribe.
De acuerdo con este índice, transitar de extremo a extremo en las zonas más concurridas de la capital le cuesta 254 horas anuales a cada persona que trabaje presencialmente cinco veces a la semana. En cambio, implementar el trabajo remoto los viernes (cuando se registra mayor tráfico) puede ahorrar hasta más de 50 horas perdidas en tráfico y hasta casi S/ 450 en gasolina al año (que representa casi medio sueldo mínimo) a cada trabajador.
Los beneficios del teletrabajo son múltiples y transcienden el impacto en la reducción del tráfico o en mayor flexibilidad para los trabajadores. El teletrabajo también facilita una mayor interconectividad con trabajadores o empresas de otros departamentos y hasta países.
Esto permitiría que los trabajadores con el equipamiento necesario puedan teletrabajar y acceder a mejores oportunidades laborales que no se limiten únicamente al desempeño económico de la localidad en donde habitan, como ocurriría si un trabajador que reside en Huancavelica (que registro un salario promedio de S/ 788 en 2021) tuviera la posibilidad de acceder a una oportunidad laboral en Moquegua (S/ 1,764) o Lima (S/ 1,624), según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Retos pendientes: conectividad y falta de dispositivos
Evidentemente, la pandemia aceleró la reducción en la brecha de acceso a internet, pues en el cuarto trimestre de 2019 solo el 63.9% de personas en edad de trabajar (mayores a 14 años) accedía a internet, pero esta cifra aumentó al 76% en el mismo periodo de 2022, según cifras de la Enaho.
Es decir, la cantidad de población a nivel nacional en edad de trabajar que accede a internet ascendió a 19,831,432 (+4.3 millones respecto de 2019). De este total, el 92.7% accede diariamente a internet, lo que equivale a 18,383,089 personas.
Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2022, solamente 5,368,245 personas en edad de trabajar accedieron a internet diariamente desde el hogar, lo cual representa apenas un 29.2% de aquellos que se conectan todos los días a la red. No obstante, la población habilitada para realizar teletrabajo (es decir, que está en edad de trabajar) que accede diariamente a internet desde el hogar y lo hace mediante laptop o computadora descendió a 2,047,330 personas (-28.1% con respecto al mismo periodo de 2019).
Al cierre del año pasado se registraron menos personas habilitadas para realizar trabajo remoto respecto de la etapa prepandemia, lo que fue motivado por priorizar la conectividad a internet mediante celulares u otros dispositivos, en vez de la tenencia de laptops o computadoras.
Estos resultados evidencian que, para impulsar el trabajo remoto, es indispensable cerrar la brecha de acceso a internet desde el hogar, la cual también explica los bajos niveles de tenencia de laptops y computadoras, dado que ante la ausencia de este servicio en los hogares no permite aprovechar completamente estos equipos.
Esta situación se agrava en las zonas rurales, donde solamente el 6.3% de la población que tiene acceso diario a internet lo hace desde el hogar, en contraste con el 31.5% urbano. Para revertir esta situación, es indispensable implementar políticas que incentiven las inversiones privadas en conectividad.
Una manera de lograrlo consiste en analizar iniciativas anteriormente propuestas, como aquella contenida en el proyecto de ley N.° 3840/2022-CR, que evaluaba deducir parte del canon pagado siempre y cuando la empresa desarrolle proyectos de infraestructura en los servicios de telecomunicaciones en las zonas rurales del país.
La pertinencia de esta medida radica en que, el canon constituye cuantiosos recursos que son recaudados por las municipalidades, pero no logra transformarse en proyectos en su totalidad por la falta de gestión de parte de los Gobiernos locales.
De esta manera, al facilitar la iniciativa privada y emplear estos recursos en inversiones específicas se alcanzarían mayores niveles de conectividad. Otras iniciativas legislativas relevantes son las contenidas en los proyectos de ley N.° 3850/2022-CR y N.° 4143/2022-CR[1].
Solo mediante iniciativas de esta índole se lograrán niveles adecuados de conectividad. En la actualidad, únicamente se registraron 22,910 personas en edad de trabajar con acceso a internet diario desde el hogar y mediante laptop o computadora en las zonas rurales, en contraste con los 2,024,420 de personas habilitadas para el teletrabajo en las zonas urbanas.
Sin embargo, este último resultado apenas representa el 9.6% de la población en edad de trabajar en zona urbana, de manera que sin una política que facilite el acceso a los requerimientos para el trabajo remoto continuará siendo limitada su adopción.
Artículo escrito por Daniel Najarro, analista de estudios económicos de ComexPerú.